Caracas. - Líderes opositores afirmaron que buscarán llegar a casi 4 millones de votos en el referéndum consultivo programado para el próximo 2 de febrero sobre la permanencia del presidente Hugo Chávez en el poder, a pesar de que la consulta no es reconocida por el gobierno venezolano. La oposición también lanzó ayer una campaña de "desobediencia tributaria", mientras Chávez aseguraba que quien no pague impuestos "irá preso". Asimismo, el paro general por tiempo indeterminado, centrado básicamente en la poderosa industria petrolera estatal, se extendería a partir de hoy a la totalidad de los servicios bancarios, de acuerdo a una decisión de los empleados del sector, que ya venían trabajando en horario reducido. El paro general se inició el 2 de diciembre, y también afecta fuertemente al comercio y a la educación.
Sobre el referéndum consultivo, que fue apoyado por dos millones de firmas, las organizaciones civiles comenzaron a registrar grupos para promover el "Sí", aunque persiste la incertidumbre de que se realicen las votaciones. La consulta preguntará al electorado si Chávez debe renunciar a su cargo y llamar a elecciones anticipadas. Como todos los días, grupos opositores visitaron un enorme almanaque colocado en un autopista, en el que van descontando los días para "el consultivo", como ya se conoce al referéndum en Venezuela.
Por 4 millones de votos
El dirigente de la asociación civil "Queremos Elegir", Andrés Coba, dijo que la meta es sacar más de los 3,8 millones de votos que logró Chávez en la última elección. "Es probable que el gobierno llame a la abstención, con la idea de que será interpretada como apoyo al gobierno. Pero si superamos con el «sí» los 3,8 millones de votos no hay forma que el gobierno diga que la abstención lo favoreció", señaló.
Coba advirtió que grupos simpatizantes del gobierno podrían generar violencia para atemorizar a los votantes. La consulta fue aprobada por el Consejo Nacional Electoral, pero el gobierno igualmente la rechazó por considerarla "inconstitucional", y denegó los fondos para su realización. Chávez advirtió la semana pasada que no hay dinero para financiar la consulta, agregando a la falta de fondos a su desconocimiento de la votación.
El referéndum consultivo no obliga a Chávez a renunciar en caso de perderlo; la Constitución sólo prevé un referéndum revocatorio del mandato para después de agosto, cuando el presidente cumpla la mitad de su mandato iniciado en 2000. Pero es evidente que una respuesta contundente contra su permanencia el 2 de febrero sería demoledor para el gobierno, por más que la consulta no sea "vinculante". Por esto, los sectores más moderados de la oposición apuestan a la consulta más que a la continuación del paro hasta lograr "como sea" la salida de Chávez, según proponen los más radicalizados.
El gobierno pidió al Tribunal Supremo de Justicia que declare nula la convocatoria, que fue solicitada por más de dos millones de firmas y cumplió los requisitos del Consejo Nacional Electoral.
La oposición venezolana convocó además a una marcha por la "desobediencia tributaria", pero confronta múltiples dificultades para convencer a sus partidarios de ejecutar esta forma de protesta, que podría acarrearles sanciones.
Grandes avisos publicados en la prensa local señalan: "Marchemos hasta el Seniat (el organismo de recaudación tributaria). ¡Rinde tributo a la democracia! Ni un bolívar más". Pero los opositores aún no tienen claro cómo ejecutar la desobediencia tributaria y efectúan talleres para debatir sus modalidades y consecuencias.
Chávez advirtió que el que no pague impuestos "va preso", pero los opositores tranquilizan a sus adeptos asegurándoles que sólo pueden ser objeto de multas. La penalista Carmen Elisa Borges aseguró que la protesta sólo puede acarrear sanciones porque la prisión sólo puede aplicarse por "defraudación tributaria" (mentirle al fisco) y "apropiación indebida" de los tributos. (DPA y AFP)
La Ciudad
