La Justicia electoral recibió ayer una presentación para que urja al Poder Ejecutivo a explicar por qué no publicó en el Boletín Oficial (y, por lo tanto, puso en vigencia) la reforma a la ley de acefalía sancionada por el Congreso a fines de noviembre pasado.
Esta norma modificatoria es la que posibilita al candidato que resulte electo en las presidenciales previstas para el 27 de abril próximo asumir el cargo el 25 de mayo, casi siete meses antes del inicio formal del próximo período constitucional.
El viernes pasado, el Ejecutivo publicó la ley de convocatoria a elecciones generales para el 27 de abril (y eventual segunda vuelta el 18 de mayo), que consagrará a presidente y vice "para el período 10 de diciembre 2003-10 de diciembre 2007".
La convocatoria no hace alusión a quién gobernará entre el 25 de mayo próximo (fecha en que se le aceptó la renuncia al presidente Eduardo Duhalde) y el 10 de diciembre, en que formalmente comenzará el nuevo período constitucional.
Reclamo de Monner Sans
Ante esa situación, el abogado Ricardo Monner Sans pidió a la Justicia electoral que "reclame al Ejecutivo que en las próximas 48 horas indique cuál es la razón jurídica por la que no se publica la reforma sancionada respecto de la ley de acefalía".
La publicación de esa reforma implicará, en los hechos, que Duhalde cesará en sus funciones de presidente el 25 de mayo, ya que su renuncia la aceptó el Congreso.
"La ley modificatoria no fue vetada por el presidente en ejercicio. La norma habría sido promulgada de hecho, pero (por no publicada) es todavía no imperativa", sostiene la presentación. Monner Sans pidió la habilitación de la feria judicial para resolver la cuestión.
Pero aún cuando la norma apareciera finalmente en el Boletín Oficial, la Justicia electoral debería tratar un planteo de inconstitucionalidad presentado por el mismo letrado.
El 2 de diciembre, el abogado objetó la reforma de la ley de acefalía. Sostuvo que el artículo 88 de la Constitución establece que debe ser un "funcionario elegido por el Congreso" el que ocupará interinamente la Primera Magistratura ante un caso de vacancia del presidente y vice.
Según ese criterio, quienes no fueran funcionarios estarían excluidos de la posibilidad de asumir la Presidencia, lo que dejaría fuera de carrera hasta el 10 de diciembre a Carlos Menem y Adolfo Rodríguez Saá. Pero también a Duhalde: una vez renunciado el 25 de mayo tampoco ocupará cargo público alguno.
La Ciudad
