La víctima es adolescente y ya dio a luz a un bebé. La madre dice que quedó embarazada al ser violada y afirma que el agresor es el padre de la nena. El hombre lo niega pero también rechaza la posibilidad de que le saquen sangre para hacer la prueba que podría establecer su inocencia o su culpabilidad: el examen de ADN. Eso ocurría hasta ahora: ya no podrá resistirse porque una resolución judicial obliga a los médicos forenses a extraerle la muestra, aunque deban hacerlo por la fuerza.
Son los trazos principales de un drama familiar que acarrea a su vez un profundo debate jurídico. ¿Puede la Justicia obligar a alguien a dar sangre para investigar un delito, por más grave que sea? ¿Implica eso para el imputado una coacción equiparable a una eventual declaración forzada en su contra?
Una resolución firmada el 31 de diciembre por los camaristas Ramón Ríos, Humberto Giménez y Ernesto Pangia ordena al Instituto Médico Legal hacer la extracción. No importa que el acusado se niegue. Es lo mismo que ya había decidido el juez de Instrucción de Villa Constitución, Rubén Osvaldo Bissio, quien tiene a su cargo la investigación del caso.
Según la denuncia que dio origen al proceso judicial, el hombre obligó a la chica a mantener relaciones sexuales con él aprovechando una ausencia temporal de la madre. En ese momento la chica tenía 14 años y supuestamente en ese contacto sexual quedó embarazada. Después nació un varón. La mujer dice que es fruto de aquella relación forzada.
Cuando el caso llegó a los estrados judiciales, el protagonista dijo que la imputación es falsa. También se negó a declarar, haciendo valer un derecho previsto por los códigos. Por último no quiso que le sacaran sangre para hacer el ADN. "Eso atenta contra el derecho a la intimidad y pretende obtener una confesión bajo coacción moral y física", argumentó su abogado.
La estrategia no prosperó y Bissio siguió adelante. El juez dio la orden de que la extracción se hiciera aunque fuera en forma compulsiva. Buscaba, así, un indicio que pudiera ser clave para dilucidar el caso.
Pero el hombre no cambió de actitud, mantuvo su resistencia y se decidió a pelear. Y apeló.
"Lo equitativo"
Ahora los camaristas dijeron que la extracción debe practicarse y ordenó al Instituto Médico Legal de Rosario que la haga, aunque sea por la fuerza. Sólo así será posible hacer el examen del ADN. Esa, según los camaristas, es una prueba "absolutamente necesaria" para el esclarecimiento de un delito grave.
Sin embargo, el tribunal aclaró expresamente que la negativa del imputado no puede ser asumida como un indicio en su contra. "La solución más equitativa consiste en ordenar la práctica cuestionada", sostuvo.
En la resolución están sintetizadas las dos posiciones en torno al tema: aquella según la cual nadie puede proveer a los investigadores una prueba que lo incrimine (equivalente al principio constitucional de que nadie puede ser obligado a declarar en su contra) y la segunda, según la cual un sospechoso puede ser forzado a una prueba que puede aclarar si es o no el autor de un delito.
Pero la Cámara entendió que el principio de inocencia consagrado constitucionalmente no puede ser siempre absoluto. De otro modo, argumentó, no se podría investigar ningún delito. "Si el imputado debe ser tratado como inocente, igual que el resto de los ciudadanos, no se podría detenerlo, ni someterlo a exámenes o invadir su ámbito de reserva mediante allanamientos ni requisas ni interceptación de sus comunicaciones", dijo.
Estableció así una diferencia para el caso de alguien que está bajo sospecha por otros indicios y puede consentir una prueba como la de este caso. Que, como dijeron los jueces, puede arrojar luz sobre una acusación tan grave.
La Ciudad
