El sistema de salud argentino atraviesa una grave crisis que se traduce en una atención sanitaria costosa e injustamente distribuida, situación que ha sido admitida oficialmente. La estructura demanda casi 4.700 millones de pesos por año para dar prestaciones a unos 11 millones de aportantes. Entre las causas directas del proceso de desfinanciación que lleva a una situación de quiebre, figura la mora de los aportes patronales y la desatención del Estado de sus obligaciones como controlador de las prestaciones.
Rubén Torres, titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, indicó a mediados de agosto 2002 que "del aporte total que deben hacer llegar los empleadores, recibimos un 46 por ciento", lo cual provoca serias dificultades, ya que la cobertura en el último año aumentó en un 50 por ciento en su costo.
Coincidiendo con ese análisis, Estaban Mauro, titular de la obra social de los trabajadores de la Industria de Aguas y Gaseosas, sostuvo que "el problema fundamental del sistema es que las empresas no cumplen con los aportes que deben realizar por ley al sistema".
El dirigente indicó que los empleadores, además de aportar un 6 por ciento, "retienen por mes a cada uno de sus empleados el 3 por ciento de los salarios que ganan. La mora en el envío de ese dinero y la retención del fondo común al que invierten los empleados es ilegal, y además constituye una malversación de fondos. Esta situación no se resuelve porque no hay voluntad política para controlar al empresariado".
Desde Rosario
Por su parte, desde Rosario, Carlos Brizzio -de la obra social del Sindicato de Prensa- agrega que ese incumplimiento implica que muchas obras estén con grandes dificultades para cumplir con sus servicio, a tal punto que de 280 entidades sindicales, unas 26 enfrentan convocatorias de acreedores.
En ese contexto, para la Central de Trabajadores Argentinos hay otros factores que agudizan el quiebre del sistema de seguridad social, tales como la desfinanciación que ha hecho el Estado del sector a través de la reducción de aportes patronales, la creación de las Afjp, la apropiación de fondos del Pami, la provincialización, y el recorte sistemático de los gastos asignados a los hospitales públicos.
La CTA advierte que "el trabajo formal encuadra a menos del 55 por ciento de la población total, por lo cual existe, un elemento más de heterogeneización y exclusión".
En la investigación "Salud y desregulación" -de Liliana Findling, María Arruñada y Ezequiel Klimovsky-, se indica que la desregulación del sector forma parte de las transformaciones de los sistemas de protección social, y presenta desafíos y características propias.
Entre ellos, se destaca "la fuerte presencia sindical en la administración y manejo de los fondos de las obras sociales, la ausencia del Estado como financiador y regulador del sistema y la presencia de prestadores privados como principales proveedores de servicios de salud. El reemplazo del concepto de población cautiva por el de libre elección plantea el inicio de un proceso de transición que generará cambios profundos en el vínculo del beneficiario con su prestador en salud", según los especialistas del Instituto de Investigaciones Germani, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
La Ciudad
