"Aguas Provinciales no pagó nunca canon, ni anual ni mensual, y su única obligación era cumplir con las obras establecidas en los pliegos de la licitación. Como no lo hace, el Estado le tiene que rescindir el contrato por la salud de los usuarios y por la salud institucional del gobierno provincial". Así, el presidente de la Asamblea por los Derechos Sociales (ADS), Aníbal Fascendini, exigió que las autoridades "se pongan los pantalones largos y empiecen a defender a los ciudadanos".
Por eso la organización social, que viene monitoreando el proceso de concesión y el servicio que presta la empresa de capitales franceses, ya presentó en los Tribunales provinciales una acción legal por la cual se le exige al gobierno santafesino que le haga cumplir el contrato.
El titular de ADS hizo memoria. "Aguas Provinciales ganó la licitación en 1994 y se hizo cargo del servicio en noviembre de 1995. En ese momento, el gobierno argumentó que con la privatización el servicio llegaría a todos los santafesinos y que mejoraría su calidad, además de decir que los costos serían menores", recordó Fascendini.
Pero para el abogado, las promesas sobre las bondades de la privatización no dejaron un saldo positivo. "La calidad del servicio no es buena en muchas zonas de Rosario y de la provincia -afirmó el dirigente social-. Pero lo peor es que del 94 a esta parte la tarifa aumentó un 25 por ciento. Y como la empresa no cumplió con las obras establecidas en los pliegos, no hay un servicio equitativo. Así que los argumentos de la privatización se derrumbaron. Ahora el Estado está en condiciones de rescindir el contrato con la firma por la culpa de la prestataria sin tener que poner un sólo peso de indemnización, y eso es lo que debe hacer".
Y la deuda de 105 millones de pesos que actualmente Aguas Provinciales tiene para con el Estado provincial por inversiones no realizadas es, a juicio de Fascendini "un verdadero fraude para con los usuarios. El hecho de que más de 200 mil personas vivan en Rosario sin cloacas implica problemas sanitarios para toda esa población que tiene una zanja en la puerta de su casa, que no es ni más ni menos que un foco infeccioso. Pero además de afectar en general la calidad de vida de los vecinos, va en contra del medio ambiente", señaló.
Así, el presidente de la Asamblea no dudó en asegurar que "es indignante que esta empresa reclame ahora un aumento del 40 por ciento de las tarifas y que todas las pérdidas las tire a las espaldas de los clientes. El servicio no puede aumentar un peso y Aguas Provinciales tiene que empezar a invertir en obras, porque lo que sucede es que acá se privatizan todas las ganancias y se socializan todas las pérdidas. Es irrisorio".
Pero además, según dijo el abogado, "la empresa tiene jurídicamente muchos beneficios. En Santa Fe hay 20 casos potenciales de juicios de ejecución de viviendas por falta de pago, y lo peor es que la empresa lo puede hacer a través de un juicio ejecutivo que dura como mucho un año. En cambio, cualquiera que quiera iniciar una acción contra la firma tiene que hacerlo en un juicio ordinario que se puede extender por más de cuatro años".
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La Ciudad
