La policía provincial confeccionó un informe sobre la cantidad de homicidios ocurridos y "aclarados" en la provincia en los períodos 2001 y 2002. Los resultados de la estadística arrojan al menos dos paradojas. Primero, los números no coinciden con los de la Dirección Nacional de Política Criminal. Segundo, asignan el rótulo de esclarecidos a casos que aún no fueron cerrados por la Justicia. La explicación radica en que la policía tiene sus propias reglas para contar, distintas a las dispuestas por ley para elaborar estadísticas sobre criminalidad. Con un porcentaje de esclarecimiento que ronda el 80% para ambos ciclos, el estudio disparó cuestionamientos sobre la validez de la estadística policial, concebida por los criminólogos como un mecanismo para limpiar la imagen institucional antes que una herramienta para prevenir el delito.
El dossier elaborado por la División de Análisis Criminal de la policía de Santa Fe expone la cantidad de homicidios dolosos (intencionales) ocurridos, esclarecidos o en investigación de los últimos dos años. En 2001, el sondeo detectó 224 casos en todas las unidades regionales, con 181 de ellos esclarecidos. En el transcurso de 2002 consigna 252 asesinatos, de los cuales fueron aclarados 205. El departamento Rosario encabeza la lista con 105 episodios, seguido por La Capital con 92 muertes.
Así, el nivel de esclarecimiento trepa del 78,12% en el primer año al 81,12 en el segundo, lo que evidenciaría un alza en la "evolución de resultados policiales". La contracara de esos datos es que la cantidad de asesinatos también va en aumento.
Sin embargo, esos números deben tomarse con pinzas si se comparan con el informe de la Dirección Nacional de Política Criminal. Ese es el organismo que, por ley, tiene la potestad y el deber de confeccionar las estadísticas oficiales sobre criminalidad en el país. Su informe reconoce 20 homicidios menos en 2001 para la provincia de Santa Fe.
"Estas diferencias marcan hasta qué punto las policías dibujan números de acuerdo a sus niveles de conveniencia. Y dan cuenta de cierta liviandad en el manejo de la información, de un potencial uso político de esa información", cuestionó Máximo Sozzo, criminólogo de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional del Litoral.
La razón de esas diferencias puede hallarse en los mecanismos que usa la policía a la hora de hacer números. La fuerza no cuenta los homicidios por hecho delictivo sino por cantidad de víctimas. Así, por ejemplo, en un triple crimen consigna tres casos y no uno. Esto contradice las disposiciones de una ley nacional que establece las "reglas para contar" en la confección de las estadísticas: "El instructivo que se les envía a las fuerzas de seguridad federales y provinciales establece que la unidad de análisis es el hecho. Las estadísticas oficiales deberían ajustarse a esas reglas", señaló Sozzo.
Otra particularidad del informe policial es que da por esclarecidos hechos que aún no fueron resueltos por la Justicia penal por una sencilla razón de plazos legales: ningún imputado de homicidio es condenado en menos de un año. A lo sumo puede permanecer implicado en la causa o procesado, pero incluso entonces se presume inocente.
Investigaciones en duda
Dentro de ese rubro quedaron conceptuados casos controvertidos, donde la investigación policial fue puesta en duda hasta por los familiares de las víctimas. Es el caso de la masacre de El Biguazal, donde tres pescadores fueron asesinados la noche del 2 al 3 de enero de 2001 y que la policía da por aclarado en su informe. El único imputado es Carlos Cano, un cazador de 19 años que siempre aseguró ser inocente. La única prueba que lo vincula a la causa es que en su poder fue hallado el reloj pulsera de una de las víctimas. Las familias de los tres pescadores presentaron una denuncia penal al entender que se cometieron graves irregularidades en la pesquisa.
Bajo la columna de casos cerrados también figura el crimen de Stella Maris Godoy, la joven de 27 años asesinada el 13 de julio del año pasado en Arequito. Con una hipótesis pasional como trasfondo, fue detenido Víctor Bleb, quien trabajaba con ella en el frigorífico local. Sus allegados y vecinos descartaron la trama pasional y sostuvieron que hay más implicados en distintas marchas de silencio en las que reclamaron que se profundice la investigación.
Lo curioso es que ni la misma institución encargada de llevar las estadísticas del delito en el país incluye el nivel de esclarecimiento en sus informes. Esa variable fue desterrada de los sondeos por tratarse de un dato cambiante y lábil.
"Esto es típico de la Policía Federal Argentina, donde el nivel de homicidios esclarecidos históricamente ronda el 90 por ciento. Es una cosa ridícula: ningún proceso iniciado en 2001 está finalizado hoy, sobre todo habiendo juicio escrito en la provincia. Tal vez la policía entienda por esclarecido que hay imputados, lo que no es lo mismo", planteó Sozzo.
Es que también en este punto la policía se ajusta a sus propios cánones. Según explicó uno de los responsables de la División de Análisis Criminal, comisario mayor Walter Albornoz, "la variable que se toma en cuenta es la detención de una persona. Si bien quien en definitiva decide si el hecho está esclarecido es el juez, para la policía un hecho está aclarado cuando se determina el posible autor material, se produce la identificación dactiloscópica o se libra orden de captura".
El penalista, en cambio, entiende que el uso de esa categoría busca mejorar la imagen de la institución: "El porcentaje de esclarecimiento es un dato débil y mentiroso. La forma de presentar los números es capciosa y está construida para presentar una imagen de efectividad que en realidad no existe".
La Ciudad
