Las obras sociales fueron durante mucho tiempo un bastión político de los gremios argentinos. Al sindicato se acercan los militantes y activistas, pero a las obras sociales deben concurrir casi todos los afiliados. Ese contacto podía ser capitalizado políticamente por los sindicalistas. Además, el crecimiento de estas organizaciones significó una mayor cuota poder para obtener beneficios como subsidios o ser parte de los directorios de las áreas del gobierno que manejan el tema. Sus orígenes pueden hallarse en los gremios, cofradías y hermandades -desde fines del siglo XVIII- como formas de previsión y asistencia social organizada. En Argentina, en 1944 se transforma la Asistencia Social en Previsión Social. Fue el concepto de justicia social la cual se constituyó en el pilar fundacional de un nuevo derecho basado en la dignidad de la persona para satisfacer las necesidades básicas indispensables del hombre más desposeído, y hasta ese momento solo "protegido" por la caridad y la beneficencia. Surgen así las obras sociales, instituciones que rescatan conceptos como: mutualismo, cooperación, recreación y ayuda jurídica. Así se comenzó a coordinar las actividades entre obras sociales estatales, sindicales y asociaciones mutuales. Esa labor fue encarada por el Instituto Nacional de Obras Sociales (Inos). Pero, en el actual sistema, los sindicatos no tienen peso en las determinaciones del Ministerio de Salud, a pesar de participar en el Programa Médico Obligatorio -junto a los prestadores-, desde las organizaciones gremiales se afirma que la relación es vertical, por lo que su intervención en la política sanitaria es casi nula.
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