"No se puede aceptar políticas que tienen como objetivo fragmentar la sociedad en el accesos a la salud, teniendo como objetivo el poder económico", afirma Antonio Sirino, médico especialista en medicina laboral y ex coordinador de clínica médica del Policlínico Ferroviario.
En su investigación titulada "Regularización de las obras sociales", Sirino indica que "se ha generado un cúmulo de contratos sin supervisión legal, sumado a la carencia de un seguro de caución para garantizar la continuidad de la prestación del servicio ante los reiterados casos de quiebra o vaciamiento de las empresas y la renovación necesaria del material e instrumental médico".
En el denominado "mercado de la salud", existen grandes empresas comerciales, multinacionales y entidades con pequeños establecimientos asistenciales, especialmente en el interior del país, que por el pago de una cuota mensual brindan a sus asociados las prestaciones básicas que requieran. Hay aproximadamente de 200 empresas que ofertan tales servicios en el país, de las cuales 80 operan en la Capital Federal y 50 en el Gran Buenos Aires.
El sistema se desarrolla en base a un prefinanciamiento de una futura prestación de servicios.
Los sistemas de medicina prepaga se concretan mediante contratos privados que se firman entre particulares, sin regulación legislativa y donde se atiende por categoría de aportantes. Los que se afilian contratan un seguro de salud que involucra, con distintas variantes, la posibilidad de acceder a determinadas prestaciones médicas. La cobertura se restringe a la utilización de un grupo de profesionales y establecimientos de internación propios o contratados. También suelen ofrecer planes abiertos, donde se elige a los prestadores y el seguro consiste en un reintegro.
Mientras las denuncias contra obras sociales por las deficiencias en las prestaciones se realizan en la Superintendencia del Servicio de Salud, en el caso de las prepagas se las radica en la Secretaría de Industria y Comercio. Por eso, los incumplimientos se castigan con multas que no implican sanciones tales como suspensiones o intervenciones de las estructuras administrativas. Tampoco aportan al fondo común que solidariza los aportes de las obras sociales.
Las gerenciadoras
Además de estas instituciones privadas, también funcionan las gerenciadoras que trabajan con firmas comerciales del sistema. Son empresas que actúan terciarizando también algunas obras sindicales pequeñas, ello aumenta el precio de las prestaciones al ser contratadas para encargarse de la recaudación y los servicios a cambio de cobrar una cápita por afiliado. Así, algunas obras sociales se transforman en prepagas encubiertas.
Uno de los cuestionamientos a la modalidad se centra en la atención de afiliados que padecen enfermedades que requieran tratamientos prolongados. Mauro, de los trabajadores de aguas gaseosas, afirma que "no hacemos pruebas de ingreso, pero en las prepagas exigen un colchón de aportes antes de brindar un servicio. Por ejemplo, se puede citar los casos de los afiliados nuevos que deben afrontar un parto, que no pueden contar en esa circunstancia con las prepagas si antes no hicieron aportes por una cantidad determinadas de meses".
La Ciudad
