La Federación Agraria Argentina presentó su propuesta de política nacional agropecuaria al secretario de Agricultura, Haroldo Lebed. El presidente de la entidad, Eduardo Buzzi, se pronunció a favor de un Estado que "regule, se meta, oriente y rompa la lógica del desequilibrio que genera la ley de la oferta y la demanda".
La propuesta nacional agropecuaria es fruto del trabajo de siete comisiones de discusión conformadas por más de mil delegados que participaron del 90º Congreso Anual de la Federación Agraria.
En materia de política para el sector, el congreso recomienda recuperar el rol del Estado para la conducción del desarrollo socio económico equitativo, con base en la economía social y entes mixtos de regulación de los distintos procesos que se originan en la producción primaria. Al mismo tiempo, se plantea la "defensa irrestricta de la banca pública, como herramienta destinada al estímulo de los procesos productivos internos", incentivando con redescuentos del Banco Central las líneas de crédito destinadas al campo y a las economías regionales.
En lo impositivo, la propuesta es reducir el IVA, eliminar al tributo a la renta presunta y establecer un tratamiento diferencial en el impuesto a las ganancias entre rentas reinvertidas y distribuidas. También proponen la eliminación de las retenciones y, mientras estén en vigencia, utilizar parte de esos recursos como apoyo a los sectores primarios afectados por la actual distorsión de precios relativos.El documento también propone elevar la Secretaría de Agricultura al rango de Ministerio
También recomienda apoyar al cooperativismo para la comercialización con estrategias regionales e internacionales, reinstalar organismos de contralor y comercialización agropecuarios, similares a las desaparecidas juntas de Granos y de Carnes y consolidar el acceso de los pequeños y medianos productores a las fuentes tecnológicas.
En cuanto a la protección y promoción de las economías regionales, el documento de Federación Agraria plantea la conformación de una mesa coordinadora de economías regionales, el análisis de mercados internos y externos para orientar la producción y la puesta en marcha de herramientas financieras para solución del endeudamiento y acceso al crédito.
Uno de los puntos fuertes de la propuesta es la que refiere a la "democratización de la propiedad, uso y tenencia de la tierra". Allí se pone énfasis en el proyecto de ley sobre restricciones y límites a la adquisición de dominio de inmuebles rurales, presentado por la FAA en agosto de 2002 en la Cámara de Diputados de la Nación.
La economía social
Un capítulo especial atiende a la necesidad de apuntalar la economía social. Promueve, en tal sentido, el desarrollo cooperativo de insumos agropecuarios con financiamiento tomados de recursos de la región, mutuales y otras entidades de economía social.
Continuar hasta su definitiva instrumentación el sistema de comercialización solidaria "del productor al consumidor" y alentar el desarrollo de experiencias de cooperativas de crédito, mediante la integración con las economías sociales de cada región, así como la generación de fideicomisos de siembra entre cooperativas y entidades intermedias.
Reclaman, además, la eliminación de las normas de la ley de entidades financieras que impiden la creación de cajas de crédito.