Cientos de alumnos que asistieron durante el año a institutos privados de educación en la ciudad de Buenos Aires fueron estafados por sus autoridades, quienes no les entregaron el título y escaparon antes de que pudieran reclamarlos, una situación que obedece "a la falta de controles por parte del gobierno porteño", según precisó la propia Defensoría del Pueblo porteña.
La proliferación de bachilleratos, profesorados y tecnicaturas que ofrecen títulos oficiales sin haberse incorporado al registro de la Dirección General de Educación de Gestión Privada (Digep) del gobierno porteño provocó este año que "centenares de alumnos fueran estafados y se encuentren ahora en estado de total indefensión", dijo el defensor adjunto, Gustavo Lesbegueris.
La investigación efectuada por la Defensoría destaca que los estafadores alquilan un local o una oficina y la habilitan como academia o club, no como instituto de enseñanza, para no tener problemas en caso de que alguna inspección les reclame su habilitación.
Aunque no se inscriben en el registro que posee la Secretaría de Educación, publicitan en la vía pública o por Internet, a veces bajo un número de inscripción falso, las características del establecimiento. Y prometen cosas tales como "Sea maestra jardinera sin haber terminado la secundaria" o "Recíbase de bachiller en un año".
El círculo se cierra cuando, al finalizar la cursada, expiden certificados falsos y escapan antes que los alumnos reclamen.
La última denuncia que motivó un sumario administrativo del procurador general porteño hacia la Digep y la Dirección de Verificaciones fue la realizada por alumnos que concurrieron a un bachillerato para adultos que prometía títulos oficiales, denominado Proyecto Educativo 2001, ubicado en Ramón Falcón 7072, en el barrio porteño de Liniers.
Los alumnos, tras pagar 80 pesos por mes, 20 de matrícula y 10 por apuntes, al terminar las clases y querer recibir su título se encontraron con que las autoridades del establecimiento habían escapado con toda la documentación que les habían confiado. Fuentes de la Secretaría de Educación porteña dijeron que esa dependencia "carece de poder de policía para inspeccionar a los locales y que esa tarea debe hacerla la Dirección de Verificaciones y Habilitaciones".
Extrañas responsabilidades
Precisaron además que "hay un registro de institutos privados incorporados a la enseñanza oficial, que son los únicos habilitados para dar títulos reconocidos por el gobierno porteño. Los establecimientos, al inscribirse, reciben un número de matrícula que consiste en una letra A, seguida de un número".
"Las personas que concurren a estas entidades truchas deben fijarse primero si poseen esta matrícula y, una vez verificado, llamar a la Digep para saber si efectivamente están inscriptas en la ciudad de Buenos Aires", remarcaron las fuentes de la Secretaría.
Sin embargo, para Lesbegueris está claro que "hay una zona gris en cuanto a los controles de este tipo de institutos que estas personas aprovechan muy bien. No puede ser que la Defensoría tenga que hacer una denuncia por estafa cuando los hechos ya están consumados y que no exista prevención para evitar que los alumnos sean estafados", remarcó.
El sumario instruido por el procurador porteño Juan Carlos López, insta a las dos dependencias del gobierno a "cumplir con el artículo 14 y 15 de la Constitución de la ciudad de Buenos Aires que señala que el Estado debe regular, controlar y verificar los planes d estudios de todos los establecimientos públicos y privados de la Capital Federal".
Lesbegueris precisó que, de acuerdo a su investigación, "en Santa Fe al 4300, a una cuadra en donde funciona la Digep, hay un instituto trucho que no es inspeccionado porque se aduce que no es tarea de esa dependencia". (Télam)
La Ciudad
