En vía muerta. El gobernador Carlos Reutemann vetó ayer totalmente la ley 12.101, sancionada por la Legislatura el 28 de noviembre pasado, por la cual se aprobaba un convenio de financiamiento suscripto entre el gobierno provincial y la Unión Europea (UE) para capacitar a la policía. "Este tema está terminado", aseguró el flamante ministro de Gobierno, Carlos Carranza, quien estampó su firma junto al mandatario provincial, aunque algún tiempo antes había tenido que salir a defender la iniciativa ante los diputados y senadores santafesinos. Por su parte, el codirector nacional del proyecto, Gustavo Peters, se mostró "sorprendido" por la decisión adoptada por el Ejecutivo provincial y consideró que antes de bajarle el pulgar definitivamente a la propuesta de la UE, podían haberse realizado algunos "ajustes" al proyecto para que continuara siendo viable.
El plan enmarcado en el Programa de Apoyo a la Reforma del Estado Provincial en la Argentina, demandaba un compromiso financiero del gobierno santafesino de 3.100.000 euros.
Explicaciones
"El gobernador firmó el veto de la ley debido a que actualmente la provincia tiene la imposibilidad material de asumir los costos que impone el convenio en el marco del nuevo contexto económico nacional", argumentó Carranza, a la hora de explicar por qué cayó "definitivamente" el acuerdo con la UE para capacitar a los efectivos de seguridad santafesinos.
Pero, también se había barajado la posibilidad de que la provincia hiciera un mínimo desembolso de dinero en efectivo (sólo a través del pago del sueldo del codirector y del coadministrador) y el resto a través de contraprestaciones de personal o de bienes.
En ese sentido, Carranza dijo que esa propuesta también fracasó, tras no alcanzarse un "acuerdo total con la Unión Europea".
A la hora de ventilar los argumentos que hicieron abortar el convenio, el flamante ministro de Gobierno dijo que "el Ejecutivo provincial consideró que es imposible seguir activando este proyecto", teniendo en cuenta que el país está atravesando una situación "muy compleja y muy crítica", que obligó a modificar los valores que se tenían en 1998, cuando se iniciaron las tratativas para suscribir el convenio.
No obstante, el funcionario salió a aclarar lo que a todas luces parecería una obviedad y es que en la Casa Gris "nadie está en contra de la capacitación de la fuerza policial pero lamentablemente el gobierno tuvo que tomar esta decisión".
Carranza estampó ayer su firma junto a la del gobernador en el decreto mediante el cual se vetó la ley 12.101 que había sido aprobada 18 días antes por la Legislatura. Pero él mismo había sido el encargado de defender la iniciativa ante diputados y senadores provinciales, cuando Esteban Borgonovo era todavía el titular de la cartera política santafesina.
"No creo que el veto me deje mal parado políticamente", consideró el funcionario, cuando La Capital lo consultó respecto de la decisión de tener que bajar el pulgar definitivamente a la iniciativa que él defendió a capa y espada ante los legisladores.
Una decisión "sorprendente"
Por su parte, el codirector del proyecto, calificó de "sorprendente" el veto del gobernador. Peters admitió que la cuestión económica y la devaluación del peso complicaron sin ninguna duda la viabilidad del convenio.
Pero luego remarcó que "la UE es un organismo muy flexible y es muy difícil que deje caer un acuerdo". Trascartón opinó que había posibilidades de realizar algunos "ajustes" en el proyecto para que siguiera siendo viable.
El veto que ayer firmó Reutemann y cuyo mensaje fue enviado a las dos cámaras, dejó mal parado al oficialismo en la Legislatura. Fueron los reutemistas quienes debieron pelear a brazo partido para lograr que el proyecto prosperara cuando demoprogresistas y radicales se oponían. Y es ahora el propio gobernador quien echó por la borda el esfuerzo.
En los fundamentos, Reutemann aseguró que "a pesar de considerar beneficioso el objetivo perseguido en el programa, las obligaciones asumidas por la provincia con la UE se tornaron de incumplimiento imposible".
La Ciudad
