En la primera quincena de enero quedarán convalidados por decreto los ascensos de los oficiales superiores de la policía santafesina que, por ende, resultan las piezas fundamentales de la seguridad pública en la provincia. Las formas de evaluación que definen las promociones tienen, en Santa Fe, un sesgo polémico que en esta ocasión volvieron a escucharse. Un mecanismo rutinario, en el que la antigüedad y las buenas relaciones internas de los candidatos suele prevalecer por sobre el mérito profesional, se activa cuando se definen los nuevos grados, según lo señalan críticamente desde la propia policía. Y los ascensos, decididos por juntas que integran uniformados de escalafones superiores, tienden a reproducir el actual estado de la estructura policial.
La reciente nómina de comisarios premiados con un ascenso incluye, en la policía de Rosario, nombres que han quedado implicados en casos controvertidos (ver aparte). Sin embargo, gracias al sistema evaluativo imperante, pueden seguir haciendo carrera en la fuerza.
La Junta Superior de Calificaciones, que define los ascensos desde comisario principal hasta comisario general, se basa en dos parámetros para determinar la evaluación de un oficial. El primero es técnico. Toma aspectos que se pueden comprobar en el desempeño del aspirante a un ascenso y que tienen que ver con la capacidad profesional y trayectoria: los destinos recibidos durante la permanencia en el grado, la antigüedad, los cursos realizados y los actos meritorios o felicitaciones obtenidas. En esto se consideran sólo las distinciones conferidas por el jefe de provincia o por funcionarios políticos del área de la seguridad. Cada uno de estos aspectos -a los que corresponde una calificación objetiva por separado- se suman y equivalen a la mitad de la nota a recibir.
Pero la entrevista personal, donde se define la mitad restante de la calificación, aparece como un campo nada transparente. Ocurre que la evaluación queda ceñida al criterio discrecional de los evaluadores y no a parámetros técnicos invariables, como los cursos o el comportamiento en destino.
Entonces la entrevista, donde se termina jugando la suerte del ascenso, es el terreno propicio para que los calificadores puedan favorecer o perjudicar a los aspirantes a la promoción más o menos a su antojo. La razón: no hay una pauta de calificación. No está reglamentado lo que los evaluadores juzgan en una conversación -además personal y cerrada al resto- con cada oficial que busca subir de grado. "Aquí no se depende de criterios previos sino de la buena fe del evaluador, que no es algo objetivo sino personal, por lo que si esa buena fe no existe puede ser el campo de arreglos", dijeron a La Capital un par de altísimas fuentes policiales. La entrevista vale la otra mitad de la nota y termina, por tanto, prevaleciendo sobre el desempeño profesional o el manejo en destino, que sí son referencias comprobables para definir el mérito.
Aunque hay una junta de reclamo ante la que un oficial que se siente desfavorecido puede impugnar (todavía no convocada), lo que no puede saberse jamás es qué fue evaluado en la entrevista. Por eso desde la misma policía hay propuestas para que los ascensos se definan por concurso abiertos que puedan ser observados por todos los postulantes.
Impronta militar
En un análisis del problema, el viceministro de Seguridad de Buenos Aires, Marcelo Sain, destacó que el sistema de pases y ascensos en la policía tiene una impronta de tipo militar y no está asentada en parámetros de profesionalidad. El mérito y el desempeño cuentan menos que las necesidades orgánicas de la fuerza: los ascensos se producen como resultado de la antigüedad y de la ausencia de sumarios internos.
Sin criterios profesionales para regular los ascensos, dice Sain, se forma "un régimen informal dedicado al clientelismo institucional, operado desde los cargos de conducción y que reproduce una estructura cerrada, altamente burocratizada y divorciada de la comunidad a la que debe atender".
La práctica de clientelismo es precisamente una de las críticas que plantea la Asociación Profesional Policial (Apropol) al régimen de ascensos. "Se supone que los ascensos se producen por antigüedad y por selección. En realidad hay mucho de amiguismo y de presiones políticas sobre la Junta de Calificaciones", dice el oficial Alberto Martínez, vocero de la entidad gremial, quien destaca que "un buen sistema de ascensos hace al prestigio de la cadena de mando".
"Está demostrado que mucha gente que hace bien las cosas es postergada en los ascensos. Recibe altas calificaciones, pero no tiene relaciones con los grupos de poder que actúan en la policía. Por eso hay tanto malestar interno", agrega Martínez.
En ese sentido, Apropol propone que los ascensos del personal policial se hagan por concurso público y que en el caso de los oficiales superiores intervenga la Legislatura provincial, como ocurre respecto a otras fuerzas de seguridad.
Por otra parte, Marcelo Sain advierte que el tipo de estructura que controla los ascensos policiales "garantiza un aceitado control interno por parte de la cúpula sobre el resto de la institución". Entre otras consecuencias, esa organización impide que se manifiesten discursos o acciones diferentes de los impuestos por la cúpula.
Y cuando eso ocurre, afirma el viceministro bonaerense de seguridad, adoptan mecanismos de control incluso ilegales sobre el personal policial. En última instancia, el objetivo esencial de la cúpula es reproducirse a sí misma y conservar el statu quo en cuestiones de seguridad pública.
La Ciudad
