La Cámara de Diputados se encamina a sancionar esta semana y girar en revisión al Senado el proyecto de presupuesto 2003, cuya aprobación resulta un requisito fundamental para el Ejecutivo para poder avanzar en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Precisamente, una nueva misión del organismo comenzará hoy a trabajar en una nueva revisión de las metas fiscales y monetarias de la Argentina.
De no mediar ningún tironeo que a último momento resquebraje el consenso logrado la semana pasada entre el justicialismo y radicalismo, el terreno estaría allanado para que, en una sesión que arrancaría pasado mañana, la Cámara Baja brinde media sanción al presupuesto. Si se cumplieran estos plazos, la intención de los senadores es sesionar el 26 de diciembre con el fin de cerrar el año con los deberes ya realizados.
Así, el año terminaría no sólo con la sanción del presupuesto sino también del paquete impositivo, que incluye -entre otros proyectos- la prórroga hasta fines del 2004 de la vigencia del impuesto al cheque y la disminución del 5% de la alícuota del impuesto a las Ganancias para las categorías más altas.
También se encuentran incluidas entre esas iniciativas la transformación del Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) en un índice porcentual en base al precio de refinería, y la exención del pago del impuesto a los bienes personales a los ahorristas atrapados en el corralito que pasaron a ser tenedores de Boden y de Cedros.
Más allá del acuerdo alcanzado el jueves pasado, que permitió la firma de un dictamen mayoritario en la comisión de Presupuesto y Hacienda, los bloques de diputados mantendrán las negociaciones hasta el momento de la sesión, con la intención de afinar al máximo los acuerdos en torno a aspectos puntuales del cálculo de gastos y recursos del Estado.
Uno de los temas más controvertidos que quedarán pendientes es el pago del retroactivo a los jubilados por la retención del 13% de sus salarios, ya que desde las filas del oficialismo, del radicalismo y del ARI se quiere buscar los recursos para poder abonar ese dinero en efectivo a los mayores de más de 75 años.
Las alternativas que se estudiarán en las reuniones que se celebrarán entre hoy y mañana para consensuar los puntos que que generan debates es proponer al gobierno que pague a los concesionarios viales en bonos y a los jubilados en pesos, o eliminar algún gasto de pagos a consultorías.
Las negociaciones se celebrarán esencialmente con los radicales, ya que el resto de los bloques anticipó que votará en contra en general y en particular del proyecto.
Una de las decisiones que habilitó el acuerdo entre el justicialismo y radicales fue la eliminación del artículo 54, que ratificaba los decretos de pesificación. El acuerdo comprendió además una solución en torno a la polémica que se había suscitado por el Fondo de Incentivo Docente, rubro en el que el oficialismo aceptó la incorporación de una partida de 330 millones de pesos para solventar el pago del primer semestre, y la incorporación de una suma adicional de 160 millones a la ya prevista para las universidades.
Con estos cambios, la pauta global de gastos descenderá a 62.597 millones de pesos, mientras que el crecimiento de la economía se prevé en el orden de un 3%; y el de la inflación, en un 22%.
El proyecto prevé afrontar pagos del servicio de la deuda pública por un monto cercano a los 14 mil millones de pesos. También contempla la restitución del 13% a jubilados y estatales, y habilita al gobierno a emitir un bono por un monto de 3.400 millones de pesos para saldar el pago del retroactivo por los descuentos producidos desde julio de 2001 hasta diciembre de 2002, aunque no fija los plazos.
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La Ciudad
