Una fuerte polémica se desató entre los diputados porteños luego de que la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobara en la madrugada de ayer una ley que permitirá a las parejas de un mismo sexo constituir una unión civil.
El texto de la ley establece la creación de una unión civil, no matrimonial, conformada por dos personas, "independientemente del sexo u orientación sexual". La norma, permite a los homosexuales gozar de los mismos derechos que una unión heterosexual de hecho, como el beneficio a pensión en caso de muerte de uno de los integrantes y la posibilidad de asociar a la pareja a una cobertura médica.
El proyecto, que fue redactado por una jueza y presentado el año pasado por la CHA, fue aprobado por 29 votos a favor y 10 en contra, en una agitada y prolongada sesión. Enrique Rodríguez, del bloque Forja 2001 y uno de los autores de la ley, afirmó que "la ciudad tiene todo el derecho a reconocer la existencia de una familia y ésta no necesariamente tiene que coincidir con los requisitos que el Código Civil le exige al matrimonio".
"En materia de derechos humanos la ciudad puede ampliar el piso establecido por la legislación nacional y esto es perfectamente constitucional", precisó el legislador.
"Una ley inoportuna"
Para el legislador radical Jorge Enríquez, en cambio, "esta ley es inoportuna, inconstitucional, inconveniente y ajena por completo a nuestra tradición jurídica, a nuestra conformación cultural, histórica y a los sentimientos y valores de la gran mayoría de la población a la que nadie consulta".
"No resultaría arriesgado afirmar que en la Argentina actual la enorme mayoría de la gente no admitiría el carácter matrimonial de una unión homosexual", aseveró.
Fernando Caeiro, otro radical que votó en contra de la unión civil entre homosexuales, aseguró que esta ley "abre una expectativa que va a ser una nueva frustración para todas aquellas personas que piensan que esta norma les va a solucionar un problema".
"Esta ley es totalmente inocua, casi no tiene efectos prácticos y su alcance es limitado, producto de que en materia de familia, de uniones y demás, rige el Código Civil; y una ley de la legislatura de la ciudad no tiene el valor suficiente para imponerse sobre ese cuerpo normativo", afirmó.
Caeiro dijo que él cree que el jefe del Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, "tiene que vetar esta ley, primero porque la Legislatura no tiene competencia en esta materia y después porque va a generar muchos conflictos de tipo constitucional, que van a terminar dirimiéndose en los Tribunales".
Por su parte, en la posición opuesta, Ricardo Busacca, vicepresidente tercero de la Legislatura, opinó como Caeiro que "ahora a Ibarra no le queda otro camino que vetar la ley que establece el Registro de Uniones Civiles de homosexuales, por ser inconstitucional" y añadió que "de no producirse el veto, el planteo en la Justicia es un paso ineludible". (Télam)
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