Caracas. - En el noveno día de huelga general, el gobierno venezolano aceptó discutir un cronograma electoral con la oposición, que ahora exige lisa y llanamente la renuncia del presidente Hugo Chávez. Mientras lo asfixia económicamente con la paralización de la exportación y venta interna de combustibles, la oposición contestó que sólo aceptaría una cronograma de comicios "si se producía en el primer trimestre de 2003". Algo que el vicepresidente José Vicente Rangel se encargó de descartar. "La convocatoria a elecciones (en el primer trimestre del 2003) tal y como lo plantea la oposición no es constitucional. Ellos pretenden a través de un referéndum consultivo, hacer un referéndum revocatorio", dijo Rangel. Sigue el paro.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), César Gaviria, informó -una vez concluida la jornada de diálogo entre el gobierno y la oposición- que el sector oficial expresó "su disposición a trabajar en un cronograma electoral, conforme a la nueva Ley Orgánica del Poder Electoral". El mediador apuntó que el gobierno con esta propuesta cumplió el compromiso asumido de encontrar una solución de carácter electoral, ahora reconociendo la convocatoria formulada por el Consejo Nacional Electoral, que inicialmente fue cuestionada por Chávez.
Gaviria indicó que los representantes de la Coordinadora Democrática expresaron que considerarían esa solicitud por estimarla viable "sólo en el caso de que el gobierno y las fuerzas políticas que lo apoyan acepten un cronograma de anticipación de elecciones en el primer trimestre del año 2003".
La respuesta a la oposición llegó desde Santiago, Chile, donde el vicepresidente Rangel descartó las elecciones en el primer trimestre de 2003. Rangel deshechó el plebiscito revocatorio como lo plantea la oposición y expresó que sólo a partir de agosto podría realizarse un referéndum en el que se podría aprobar el acortamiento del gobierno de Chávez. El vice dijo que el complot del empresariado petrolero para derribar a Chávez está conjurado y que se está normalizando el abastecimiento de petróleo, entorpecido por la paralización de los opositores.
El paro comenzó a generar caos en las calles venezolanas. La situación se tornó ayer más crítica cuando a la huelga se sumaron sectores de bancos, transporte y comunicación. Hasta los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) redujeron "al mínimo sus actividades", debido al "hostigamiento por parte del gobierno". Al cumplirse un año exacto del inicio de la primera de cuatro huelgas contra Chávez, el país temía un desastre ya que la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) -que aporta el 80% de las divisas- vio afectadas sus exportaciones con el riesgo de severas sanciones económicas, y no menguaban las protestas de uno y otro bando, que el lunes por la noche tuvieron como blanco los medios de comunicación.
Muchos venezolanos formaban largas filas en las afueras de los bancos y buscaban frenéticamente abastecerse de combustible y alimentos.
Después de la movilización militar ordenada por el gobierno para asegurar la distribución del combustible, el "hombre fuerte militar" del país, el general de división Raúl Baduel, quien encabezó el contragolpe que salvó a Chávez del golpe de abril, aseguró el lunes por la noche que las fuerzas armadas defenderán las instituciones del Estado y que el paro es "un ataque despiadado" contra Venezuela.
Sensación térmica en aumento
"Día a día la situación viene subiendo de temperatura. Es normal entonces que ahora pidamos que haya una salida electoral con la renuncia", aseguró Carlos Fernández, presidente de la central empresaria Fedecámaras, que lidera la huelga junto a la mayor central obrera del país y los partidos opositores. Fue el propio presidente de PDVSA, Alí Rodríguez, quien el lunes advirtió de las graves consecuencias que tendrá la paralización de la industria del crudo para la economía del país -quinto exportador mundial- y sobre todo el mercado internacional, donde la situación se torna aún más compleja por la crítica situación en Irak.
En una entrevista publicada por el diario madrileño El País, el ex gerente general de PDVSA, José Toro Hardy, señaló que Estados Unidos -que tiene en Venezuela uno de sus tres principales abastecedores de petróleo-, debe saber que Chávez es la "mayor amenaza" a que el país sea un "abastecedor seguro y confiable" de crudo, en caso de un conflicto bélico con Irak. (Reuters, DPA, AFP y Télam)