Piden a la Justicia que reabra la Causa Feced

Como paso previo, solicitaron que declare la inconstitucionalidad de las "leyes del perdón"

Eduardo Valverde / La Capital

Familiares de detenidos desaparecidos presentaron ayer ante la Cámara Federal Penal de Rosario el pedido de reapertura de la denominada Causa Feced, que incluye las actuaciones judiciales por delitos de lesa humanidad cometidos en jurisdicción del II Cuerpo de Ejército y fuera oportunamente cerrada por ese tribunal de alzada, ateniéndose a lo dispuesto por las leyes de obediencia debida y punto final.
El acto de presentación se realizó alrededor de las 11, en la sede de los Tribunales Federales de Entre Ríos al 400, y congregó en el lugar a militantes de organizaciones de derechos humanos, entre ellas Madres de Plaza 25 de Mayo, Abuelas, APDH, Familiares, Hijos y varios abogados.
Como condición necesaria de la reapertura del caso, ayer se solicitó que se declare la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final. Uno de los tres querellantes es el dirigente de Hijos Rosario Eduardo Leandro Toniolli, quien fue acompañado en la presentación por su madre, la diputada nacional del ARI Alicia Gutiérrez, y la docente María Cecilia Nazábal de Dussex.
En rigor, los querellantes reclaman la reapertura de la Causa Feced porque dentro de la misma se encuentran las actuaciones por las desapariciones que tuvieron lugar en la denominada Quinta de Funes, centro clandestino de detención donde estuvieron secuestrados sus familiares. Esta causa también incluye a la mayoría de los delitos de lesa humanidad cometidos en la zona del Gran Rosario.
El de la Quinta de Funes fue un proyecto de contrainteligencia que montó en su momento el entonces comandante del II Cuerpo de Ejército y principal responsable de la represión en esos años, Leopoldo Fortunato Galtieri.
Frente a los Tribunales se montó un fuerte operativo policial que franqueó la entrada y sólo se les permitió el ingreso (luego de un prolongado cabildeo) a los querellantes, sus abogados y unos pocos dirigentes de derechos humanos. La guardia de Prefectura impidió el ingreso de la prensa, por expresa disposición del tribunal.
Recibieron el escrito el presidente de la Cámara, Edgardo Bello; los camaristas Hugo del Pozo y Carlos Carrillo, de la Sala Penal; Jaime Belfer y Hugo Tripicchio, de la Sala Civil, y el secretario de la Cámara, Virgilio Sánchez Almeyra.
Finalmente, Juan Emilio Basso (Hijos) aseguró a La Capital que "es hora de que la Justicia se haga cargo de castigar a quienes con sus crímenes instalaron en nuestro país este modelo económico de hambre y miseria".