Los reclamos de los ahorristas que tienen confinados sus dólares en el corralón parecen haber llegado a un final satisfactorio. No se sabe cuándo pero quienes depositaron dólares genuinos en los bancos tendrían una sentencia reivindicatoria de la Corte Suprema. Se trata de un caso emblemático, en el que el máximo tribunal de justicia ha decidido poner las cosas en su lugar, señalando que los ahorristas que depositaron dólares de buena entrega, tienen derecho a exigir que los bancos cumplan los compromisos asumidos.
Vandalismo legal
Como consecuencia de las salvajadas cometidas por el tándem de la Rúa-Cavallo, agravadas por el irresponsable default del Adolfo y terminadas de emparchar por Remes Lenicov-Mendiguren, los gobernantes destruyeron la confianza de adentro y de afuera. De un soplido deshicieron el orden jurídico y nos retrotrajeron a las tolderías. Es bueno tener memoria y recordar la depredación que soportamos. Al principio dejaron de pagar a tenedores de títulos locales y extranjeros; luego manotearon las reservas de liquidez que los bancos tenían invertidas en el Deutsche Bank de New York para garantizar depósitos bancarios; forzaron a las AFJP a desinvertir los plazos fijos que respaldaban aportes jubilatorios de sus afiliados para transformarlos en bonos insolventes que, por supuesto no pagaron; obligaron a los bancos a convertir los bonos públicos -comprados con la plata de los depositantes- en préstamos repudiados a los pocos días; forzaron la insolvencia de las empresas privadas endeudadas en el exterior prohibiéndoles cumplir con sus obligaciones; rapiñaron los créditos en dólares pesificando las deudas; impusieron a los agricultores la dolarización de sus pasivos por insumos; y al final deshonraron la deuda pública argentina dejando de pagar los cupones que estaban en manos de pensionistas italianos, japoneses y españoles.
Parecía que el andamiaje social se venía abajo y no quedaría nada en pie como después de un tornado. Pero bastó que el gobierno paralizase su actividad destructiva y los legisladores se hayan abstenido de sancionar leyes, para que se notase un leve repunte. La vida retornó a sus cauces naturales, la inflación se contuvo, el dólar se quedó quieto y el dinero transaccional comenzó a regresar a los bancos.
Sin ningún mérito gubernamental, los acontecimientos mismos llevaron a levantar el corralito en el que estaban retenidos fondos de cuentas a la vista por 21.000 millones. Todo se hizo sin conmociones públicas o privadas. Pero en ese mismo instante se conoció el borrador de la sentencia redactada por el ministro Carlos Fayt de la Corte Suprema de Justicia: una verdadera joya institucional. Reconocía que el derecho de propiedad es inviolable, que los particulares tienen libertad para pactar sus acuerdos, que las cláusulas de los contratos son ley entre las partes, que la palabra empeñada debe cumplirse y que quienes depositaron dólares en los bancos tienen derecho a recuperar sus ahorros en la moneda de origen o su equivalente en moneda nacional, con la prudente salvedad de que cada ahorrista debiera mantener negociaciones con su banco para no causar conmociones globales que perjudicarían a todos. Una sentencia muy precisa y digna.
Planteo erróneo
En estas condiciones, utilizar argucias para oponer pensamientos contrapuestos y lograr una síntesis superadora, es una muestra de dialéctica barata. Porque en el camino dialéctico se pierden la verdad y la justicia. Tan pronto como se dio la posibilidad de un fallo en favor de los ahorristas para reclamar por los dólares depositados, aparecieron argumentos sutiles buscando enfrentar la defensa de un principio elemental del derecho con las consecuencias prácticas que ocasionaría la sentencia si se ajusta a los principios garantizados por la Constitución. Este falso planteo se parece a un sofisma porque sostiene que si la Corte actúa como principista y redolariza los depósitos en nombre del derecho de propiedad, esta sentencia llevará a la sociedad argentina a la catástrofe de la hiperinflación. En cambio si la Corte se guía por las consecuencias prácticas que podría provocar su fallo y trata de evitar la catástrofe, debiera actuar en forma acomodaticia sin precipitarse a respetar dogmáticamente la norma constitucional del derecho de propiedad. De cajón que estos comentarios dialécticos terminarán por sacrificar a los ahorristas que tienen confinados sus ahorros en los bancos, en aras de un pretendido bienestar general que necesitaría impedir la catástrofe hiperinflacionaria. No es extraño que tales argumentos puedan ser esgrimidos por quienes han tenido la oportunidad de poner a salvo sus dólares antes que les cayera encima el corralito ideado por el inefable Domingo Cavallo.
La buena doctrina
Pero lo que una buena doctrina económica puede demostrar es que respetando a rajatablas el orden jurídico, restableciendo el derecho de propiedad y la libre contratación entre particulares, no sólo no se atenta contra el orden social sino que se lo afirma y consolida.
En efecto, al dolarizarse los depósitos según lo disponga la sentencia de la Corte, se abre la posibilidad de que, por reciprocidad, terminen dolarizándose también los préstamos y como éstos no podrán pagarse sino se dolarizan los ingresos y salarios, entonces consecuentemente la sentencia de la Corte va a inducir el empleo de una misma moneda para garantizar derechos y obligaciones, respetándose el principio de la reciprocidad en los intercambios. Si así se actuase, los abogados diligentes volverían a reparar en una norma dispuesta por el artículo 6 (de la ley 23.928 que a ciencia cierta nadie sabe si está vigente o fue derogada, pero que sin duda alguna a la fecha de la implantación del corralón mantenía su total vigencia. Se trata de una "ley de orden público superior que deroga toda otra norma jurídica que se le oponga", tal como reza su texto. Ese famoso artículo dice que "las reservas en dólares depositadas en el Banco Central son inembargables y sólo pueden usarse para rescatar el dinero circulante más los depósitos a la vista que los bancos mantengan en el Banco Central, constituyendo la prenda común de la base monetaria". Es decir que las reservas no son del gobierno, pertenecen a las personas y a las sociedades que posean el dinero emitido por el Banco Central.
Ahora bien, como esta disposición de "orden público superior" posiblemente siga vigente al día de hoy, para ser aplicada correspondería saber que el dinero circulante en manos del público es de 15.814 millones, que el dinero transaccional que los bancos tienen en el Central es de 10.507 millones y que la suma de ambos llega a 26.321 millones de pesos.
Como esta base monetaria de 26 mil millones tiene como prenda común -inembargable e imprescriptible- al total de las reservas que el gobierno ha depositado en Basilea, Suiza y que alcanzan a 10.120 millones de u$s entonces, respetando el espíritu y la letra de esa ley, resulta una equivalencia de 2,60 $ por dólar.
Si la excusación del juez Fayt no fuese aceptada por sus pares y se mantuviese el fallo redolarizador de la Corte, entonces el rescate de los billetes en circulación y los depósitos en el Central permitirían que la cotización técnica del dólar sea exactamente igual a la cantidad de pesos que los bancos deberían devolver a los ahorristas, o sea el tipo de cambio 1,40 más el CER. Con lo cual no sería necesario que el gobierno compense ninguna diferencia a los bancos obligados por la sentencia de la Corte.
Así llegamos a la conclusión de que el orden económico sólo puede restablecerse si se respeta a rajatablas el orden jurídico. Por la tanto la dialéctica que plantea la contradicción entre la "deontología" con el "consecuencialismo", es decir entre la defensa irrestricta del derecho de propiedad con las presuntas consecuencias catastróficas que se producirían por cumplir con la Constitución, constituye una falsa alternativa planteada quizás sin malas intenciones, pero que quedan expuestas a la luz del día cuando reparamos en quiénes pueden ser los que vayan a quedarse con las reservas en dólares depositadas en Basilea: el FMI con sus organismos colaterales de créditos, o la clase política que pretende seguir manipulando el poder, o el pueblo argentino integrado por legiones de gente honesta que han sido agredidos por la codicia de los de afuera y la imbecilidad de los de adentro. El destino de todos está hoy en manos de la Corte Suprema de Justicia.
La Ciudad
