El 23 de diciembre de 1992 tres falsos inspectores del BCRA llegaron al subsuelo del Banco Provincial de Santa Fe después de un fenomenal operativo de inteligencia. Tras presentar credenciales truchas, los maleantes se llevaron 13 sacas que contenían 30 millones de pesos en billetes de 500 mil australes. A bordo de dos avionetas que los esperaban en el aeropuerto de Fisherton, la banda huyó de la ciudad y aterrizó minutos después en el aeródromo bonaerense de San Fernando, desde donde se les perdió el rastro.
En abril pasado, y tras dos meses de audiencia, el Tribunal Oral Federal número 5 liberó de culpa y cargo a Norberto Schiavetti, quien al momento del hecho era el titular del Tesoro Regional, y a Hugo Tenaglia, empleado de la repartición, quienes habían llegado al juicio imputados de autores del delito de estafa agravada contra la administración pública.
En tanto, el fallo condenó a los hermanos Gregorio y Néstor Collia junto al uruguayo Sergio Omar Turza Nocetti a 4 años de prisión más una multa de 90 mil pesos al consideralos coautores de la maniobra fraudulenta. A la pena de 3 años y 6 meses fue condenado el ex empleado del Banco de Santa Fe Lorenzo Marino y también Héctor Mena, sindicados como partícipes necesarios por haber aportado información "clave" sobre operaciones bancarias, lo que permitió elaborar el plan de acción de la banda. Ambos debieron pagar además una multa de 50 mil pesos.
Otro de los condenados fue el ex policía Juan Carlos Amor, quien recibió una pena de 1 año y medio de prisión por tenencia de estupefacientes pero liberado de culpa y cargo por el encubrimiento de los hechos posteriores a la estafa.
Finalmente, resultaron absueltos el ex comisario federal Guillermo Fernández, Horacio Anzil, Jorge Collia (hermano de los anteriores) y Jorge Magaldi.
A lo largo del juicio, tanto el fiscal Enrique Lotero como los defensores dejaron trascender su disconformidad porque a 9 años y medio del golpe, sólo 12 de los imputados llegaron al debate. En realidad, el único ausente fue Héctor Tito Rima, sindicado como el cerebro de la organización, quien tras denunciar a sus cómplices recuperó la libertad pagando una fianza de 400 mil pesos con avales falsos.
Es que siempre existió una sospecha generalizada de que el personal jerárquico de las entidades bancarias involucradas pudo haber colaborado en la estafa. Al respecto, Lotero delineó una hipótesis sobre la existencia "no sólo de un plan de acción por parte de los estafadores, sino también de un plan de impunidad" para hacer aparecer a los funcionarios bancarios como víctimas de la maniobra y así "preservarlos" en la consumación del golpe.
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La Ciudad
