De no surgir inconvenientes, en marzo venidero el juez federal de Santa Fe Reynaldo Rodríguez podría comenzar las indagatorias al ex magistrado Víctor Hermes Brusa y a cinco ex policías acusados de graves violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar. En caso de resolver sus procesamientos, los imputados deberán quedar detenidos porque se trata de delitos no excarcelables.
El denominado Caso Brusa tiene resonancia nacional dado que es la primera causa que se tramita en un juzgado federal sobre hechos aberrantes ocurridos durante el pasado período militar que pueden terminar con la detención de los imputados. Otros juicios que se siguen en el país, como los llamados Juicios por la Verdad, no tienen estas características.
Un dato adicional que vuelve también especial al caso está dado por el hecho de que para poder enjuiciar a los cinco ex policías, el juez Rodríguez declaró el pasado mes de agosto inconstitucionales las leyes de obediencia debida y punto final, que los protegía. Estas leyes no alcanzaban a Brusa.
El primer juez federal que declaró la inconstitucionalidad de las leyes aludidas fue el hoy camarista Gabriel Cavallo y también hubo un fallo similar en Salta, pero la diferencia entre la resolución de Cavallo y la de Rodríguez es que aquél indagó sobre dos personas que murieron en el campo de concentración El Olimpo, en tanto que el magistrado santafesino se encuentra tomando las testimoniales a personas que han efectuado concretas acusaciones contra los imputados.
Por el despacho de Rodríguez ya pasaron los testigos Jorge Pedraza (agregado a la causa), Anatilde Bugna, Stella Vallejos y José Ernesto Schulman, quienes ratificaron sus denuncias contra Brusa, quien por entonces se desempeñaba como secretario del Juzgado Federal de Santa Fe, y la mayoría de los ex policías imputados.
Ellos son: Héctor Colombini, quien fuera oficial auxiliar en la Jefatura de Policía de la provincia y años más tarde jefe de Drogas Peligrosas, pero terminó exonerado por sus antecedentes; Mario Facino, actual presidente comunal de San José del Rincón, quien actuó primero como comisario de la seccional 4ª de policía de la capital provincial -considerada como un centro clandestino de detención- y luego como responsable del Comando Radioeléctrico; Eduardo Ramos, que se desempeñó como oficial ayudante del Departamento de Informaciones Policiales y en el 2000, por sus antecedentes, fue exonerado de la Municipalidad de Santa Fe; Félix Perizzotti, quien estuvo al frente de la Guardia de Infantería Reforzada entre 1978 y 1980; y María Eva Aebi o Aevis, su secretaria en el período apuntado. La Guardia también fue considerada un centro clandestino de detención.
Hasta el presente, en sus declaraciones los testigos han ratificado la totalidad de las denuncias que oportunamente elevaron al juez español Baltasar Garzón y en determinados casos las ampliaron. La mayoría de ellos eran militantes peronistas en organizaciones que adherían a Montoneros, mientras que Schulman era activista estudiantil de la Federación Juvenil Comunista.
Los testimonios que vienen
El martes 10 deberá declarar Carlos Aníbal Luis Pacheco, al día siguiente Ana María Cámara y el jueves 12 Patricia Amalia Traba, tras lo cual se abrirá un paréntesis hasta, presuntamente, febrero próximo, cuando se reanude la actividad judicial y el juez Rodríguez fije fechas para que declaren otros denunciantes, entre ellos Rubén Maulín, Orlando Barquín, Beatriz Liliana Poi, Patricia Indiana Isasa, Susana Alicia Molinas y Roberto Jorge Cepeda. Algunas de esas personas testimoniaron contra los imputados ante el juez Garzón.
Los ex policías y Brusa reiteradamente han declarado su inocencia sobre estos hechos. Cuando fueron requeridos por la Justicia federal permanecieron prófugos y se entregaron detenidos una vez que el gobierno denegó el pedido de extradición formulado por Garzón. Posteriormente fueron dejados en libertad.
La causa que se sigue en territorio argentino fue la iniciada por el magistrado español, que procesó a los imputados acusándolos de los delitos de privación ilegítima de la libertad, apremios ilegales y torturas.
Al menos por el momento los imputados no han hecho ninguna clase de presentación ante el Juzgado Federal de Santa Fe, interpretándose que posiblemente aguardan que la Corte Suprema de la Nación se expida sobre la constitucionalidad de las leyes cuestionadas. Si se mantuviera su vigencia, obvio es decir que el beneficio volvería a alcanzar a los ex policías, pero no a Brusa, por lo que se ignora cuál es la estrategia elaborada por su defensa.
La Ciudad
