La Federación Santafesina de Entidades Mutualistas y la Federación de Mutuales de la provincia, con sede en Rosario, brindaron en la mañana de ayer una conferencia conjunta en la capital provincial para manifestar su "más enérgico rechazo" al proyecto de ley de códigos de descuento presentado en la Cámara de Diputados por el presidente de ese cuerpo, Alberto Hammerly.
En rueda de prensa, el dirigente mutualista Néstor Zenkluzen advirtió que "estamos frente a un proyecto que puede convertirse en una trampa para imposibilitar el desarrollo de este sistema", en referencia al proyecto que podría tratarse sobre tablas en la última sesión del año que se realizará pasado mañana.
El dirigente acusó a Hammerly de pretender, en el artículo 18 de su iniciativa, "digitar y preferenciar algunas entidades mutuales con relación a otras". Agregó que "se comete un grave error porque no se permite al empleado público que se afilie libremente a la mutual que él considere conveniente", y se lamentó de que aparezca en el proyecto la denominación "mutuales sindicales".
Al respecto, enfatizó que "no existe esta denominación en la legislación, es un invento y convierte al proyecto de ley en atacable desde el punto de vista jurídico porque, además, se plantea un privilegio de unos sobre otros".
El dirigente denunció de modo indirecto una relación de interés que movería a Hammerly con estas "mutuales sindicales" entre las que "se destaca la de la Unión del Personal Civil de la Nación". Zenkluzen insistió en que "todo lo que signifique acotamiento, concentración e imposibilidad de elegir termina en un sistema de costos elevados y servicios ineficientes".
"Si bien desde hace mucho tiempo venimos trabajando por el ordenamiento del sistema en la provincia de Santa Fe, con la participación de todas las entidades de primer grado, creemos que es importante un proyecto que definitivamente regule el sistema, también consideramos que debe ser expresión del conjunto del movimiento de la economía social y no reflejo de la concentración de intereses de unos pocos en detrimento del conjunto", se afirma en un documento emitido por las entidades mutualistas. Allí también se recuerda que "ya en el año 2000" habían presentado un proyecto en esa dirección, y hoy vuelven "a elaborar una propuesta que está presentada ante todos los legisladores y que contiene los puntos esenciales de resguardo para los intereses de los agentes de la administración pública y de las instituciones que ellos han creado libremente: mutuales, sindicatos, cooperativas".
En su proyecto, las federaciones mutualistas dicen "garantizar un tope de descuento para los asociados, permitiendo que cobren sus haberes sin afectación alguna". A la vez, "se constituye un Centro Unico Autorizado que sea administrado por el Estado para asegurar la equidad de su funcionamiento, y reafirman la libertad de los trabajadores para asociarse a las entidades que más lo representen, sin imposición ni cohesión alguna".
Zenkluzen criticó también en este punto al proyecto de Hammerly que en lugar del Centro Unico Autorizado "induce a que este organismo sea manejado por el Nuevo Banco de Santa Fe SA, pero existe una clara contraposición de intereses entre el banco y las mutuales".
En rigor, la primera disidencia respecto de la norma que propicia el presidente de la Cámara de Diputados, y que sospechan "de estar orientada en beneficio exclusivo de algún sector específico (en alusión a UPCN)", comienza con el límite mismo de los descuentos. Según la idea de Hammerly, no "podrán superar el 50 por ciento de haber mensual".
En cambio, las federaciones proponen que diga que "no podrán superar el 70 por ciento", argumentando que ello surge "de tener en cuenta que los descuentos obligatorios que tiene un agente público -jubilación más emergencia (20%), obra social (5,5%), seguro mutual (8%), sindicato (3%), posible embargo (20%)- suman 56,5 por ciento y si se afecta del saldo hasta el 50 por ciento, sería de un 21,75 por ciento del sueldo, que en dinero, para un sueldo medio de la administración pública, representaría alrededor de 100 pesos".
Remarcaron que "si dichos agentes adquieren viviendas de planes provinciales, deben abonarlo a través de sus sueldos -con lo que están de acuerdo-, pero en ese caso nos encontraríamos con que dichos agentes, mientras dure la financiación de su casa (20 ó 30 años), no podrían usufructuar de ningún servicio de las entidades a las que estén asociados".
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Los mutualistas rechazaron el proyecto de Hammerly. |  | Ampliar Foto |  | |
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La Ciudad
