Reflexiones

Achicar no equivale a cambiar

Alicia Tate (*)

Las transformaciones políticas que requiere nuestra provincia necesitan de la participación y el compromiso de los diferentes actores sociales. Al mismo tiempo, debe ser el gobierno a través de una fuerte decisión política y despojándose de sus conveniencias coyunturales quien genere los espacios de debate, contribuyendo a que los santafesinos transitemos hacia una reforma política moderna y responsable. Las iniciativas propuestas por el gobierno provincial están más preocupadas en ponerse en sintonía con los lineamientos de reducción del gasto político, que en orientar con énfasis temas mucho más de fondo como es el de la probidad, capacidad y sobre todo la representatividad. Por lo tanto, limitar la reforma política a la reducción del número de concejales y al costo de los concejos es una forma de bastardearla, sobre todo si la encuadramos en un escenario político que presenta una situación de crisis estructural caracterizada por altos niveles de corrupción, partidos políticos debilitados, pérdida de identidad ideológica, escasa participación ciudadana, etcétera.
En este contexto, considero que la transformación política en el ámbito provincial debe incluir la derogación de la Ley de Lemas, a modo de asumir el compromiso de fortalecer a los partidos como condición esencial para el buen funcionamiento del sistema democrático, tal cual lo establece el artículo 38 de la Constitución nacional: "Los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático". Por consiguiente, frente a esta situación de grave crisis de representación y teniendo en cuenta que influyen en esta realidad múltiples factores, la actual ley electoral como mecanismo de elección agrava este escenario.
La democracia representativa requiere determinadas condiciones para que se desarrollen sus prácticas, responsabilidades y derechos. Las condiciones necesarias surgen donde la representación política permita el máximo acercamiento entre los gobernantes y los intereses y demandas de los ciudadanos. Consecuentemente, el régimen electoral cumple un papel esencial en el logro de la democracia representativa, ya que regula las relaciones entre el Estado y la sociedad como mecanismo que distribuye los cargos públicos entre los candidatos elegidos democráticamente por los ciudadanos.
La reforma política sin derogación de la Ley de Lemas no resuelve tres cuestiones esenciales: la representatividad, el fortalecimiento de los partidos y la competitividad de nuevas agrupaciones políticas. Es decir, no hay fidelidad entre la preferencia que el elector entrega y el resultado que se presenta con la persona electa. Al votar por un partido (o lema) el elector puede contribuir con su voto a que sea electo justamente el candidato por el cual no votó.
La estrategia de acumulación permitida por la ley en cuestión le da ventajas significativas a los partidos grandes o establecidos y una gran dificultad para competir a las agrupaciones pequeñas o nuevas. El sistema está estructurado para impedir que los nuevos partidos ingresen al sistema, tal cual se ve reflejado en nuestra provincia. Además, el actual sistema electoral fomenta el fraccionamiento de los partidos políticos, destruye la identidad partidaria y provoca su atomización. Si bien pretende combatir el internismo no hace otra cosa que institucionalizarlo.
Por otro lado, la reforma en Santa Fe debe avanzar en una mayor democratización de su Constitución, permitiendo entre otros propósitos una reformulación de la relación entre los tres poderes del Estado, mayores niveles de participación política y una efectiva autonomía de los municipios y comunas. Estos contenidos son fundamentales al momento de construir la agenda para una profunda reforma política.
El Poder Judicial debe marchar hacia niveles de mayor autonomía en relación con los otros dos poderes y democratizar sus formas de integración a través de un Concejo de la Magistratura, independiente del Ejecutivo. El Poder Ejecutivo debe ser democratizado, excluyéndolo de las amplias atribuciones para intervenir en la conformación del Poder Judicial, y forzarlo a construir consensos con una Legislatura que transite hacia una conformación proporcional. Este es el procedimiento más justo, ya que refleja adecuadamente las diferentes opiniones de la ciudadanía. El actual régimen de mayorías en la Cámara baja provincial no sólo evita el debate político a través de la mayoría automática sino que tampoco representa fielmente a la población ( Ejemplo: un lema que obtiene en las urnas el 40 % o triunfa con un voto más que su principal competidor consigue el 56% de las bancas).
El carácter estructural de las innovaciones y la prescripción constitucional que exige, demanda un amplio consenso para que aquellas se implementen. Este consenso evitará legislar para la coyuntura, como ocurrió con las normativas provinciales sobre Ley de Lemas. De acuerdo con Mariano Tilli, "la tarea de toda reforma político-institucional es contrabalancear las concentraciones de poder, protegiendo los derechos de las minorías, suministrando garantías procedimentales de acceso ecuánime, a la vez que expresar valores de la sociedad, movilizar compromisos, y reflejarlos con un sentido intenso de solidaridad". Consecuentemente, considero que las reformas aprobadas recientemente en la legislatura provincial están lejos de contribuir a un cambio que nos ayude a superar la crisis que atraviesa el sistema político provincial, y se ahoga en el costo de los concejos deliberantes y en la creación de institutos de democracia semi directa en el ámbito municipal, iniciativas que le corresponden a los propios concejos locales, al mismo tiempo que no se incluye una verdadera acción revitalizadora de la sociedad civil santafesina que le dé transparencia a la acción de gobierno y que revierta la cultura política individualista que se impuso en la década pasada, para alcanzar una ciudadanía plena.
(*) Diputada provincial (UCR)