La tranquilidad de un presagio que era certeza

Hernán Lascano / La Capital

"No van a poder probar nada", dijo en abril de 2001 uno de los altos oficiales recién removidos por la divulgación de los mecanismos institucionales de recaudación ilícita de la policía rosarina, al cruzarse de casualidad conmigo en la peatonal Córdoba. Hablaba tranquilo, con informalidad y cortesía, sin ningún resabio de rencor.
Es que el policía no hacía un presagio. Tenía certeza porque sabía que esos delitos se cometen con el amparo de que la estructura institucional -administrativa o judicial- no podrá probarlos. Quien acuse a un policía de cobrarle una coima se autoincrimina. Por eso los delitos continuaron hasta hoy. Siguieron cobrando a regentes del juego clandestino, de la prostitución, del contrabando, del curanderismo. Siguieron haciéndose negocios con combustible para patrullas, con partes y piezas de automóviles, con servicios adicionales rendidos y no prestados. Con cobros indebidos de documentación personal y de automotores. Así lo sigue contando la misma policía. Así sigue saliendo en los medios.
Si algo tiene de impresionante el tema de las cajas negras es que nadie niega que existan. La voz de quien lo hace, como el discurso de los dementes, queda en el acto desacreditada. Durante los días de abril de 2001, muchos policías que son fuente habitual de este diario tenían la misma actitud. No cuestionaban lo qué se informaba. Sólo querían saber:¿Por qué ahora? Algunos, como el ex jefe policial rosarino Atilio Bléfari, hasta narraron detalles increíbles de la trama interna recaudatoria.
Nadie niega que existan. Sólo es arduo probarlo. Justo ayer, cuando trasciende que se archivó la causa de las cajas negras, el gobernador Carlos Reutemann ordena parar el reclutamiento de aspirantes a la policía por la denuncia de que los futuros agentes deben pagar su primer sueldo a quienes extienden las solicitudes (ver página 4). Dinero que, dijo la diputada nacional María Alarcón, iría a parar a las cajas negras. Si suena paradójico es sólo apariencia: nada ha cambiado. No hay casualidad, hay repetición de lo mismo.
Cada órgano ejecuta su parte y puede ser que hasta de modo esforzado y honesto de sus funcionarios. El Ejecutivo ordena investigar, la Justicia investiga. Cada parte cumple su cometido legal y funcional. Pero con el mismo resultado gatopardista: nada cambia. Las cajas siguen engordando y alimentando a los mismos beneficiarios.
Tal vez sea razonable pesquisar de dónde vienen las costosas viviendas de los policías jerárquicos o los onerosos vehículos particulares en que varios de ellos llegan a operativos. Según el Plan de Seguridad provincial 1999/2003, un comisario principal gana de bolsillo 1.366,69 pesos. Un comisario mayor, cargo de quienes conducen unidades regionales, recibe 1.747,78 pesos. Sería deseable para ellos mismos impulsar investigaciones hoy inexistentes que demuestren la procedencia lícita de patrimonios tan voluminosos en relación a esos ingresos. Y determinar si su nivel económico se corresponde con sus aportes en impuestos. Claro que para eso hace falta voluntad política y judicial. El jefe policial que dijo en 2001 que no podrían probar nada hoy es dueño de las mismas certezas.