Jorge Salum / La Capital
La jueza de Instrucción Carina Lurati archivó la investigación sobre la existencia de un aparato de recaudación ilegal montado por la policía de la provincia. Lurati dijo que tomó la decisión luego de "investigar profusamente" las pistas sobre cajas negras y argumentó que al cabo de las pesquisas no encontró evidencia sobre estos mecanismos.
La causa se abrió de oficio en abril de 2001 luego de que La Capital publicara una serie de notas de investigación periodística en las que reveló cómo funcionan las cajas ilegales.
Los datos para la confección de esos informes, cuya credibilidad no están en duda, fueron aportados a este diario por distintas e innumerables fuentes, la mayoría de filas de la propia policía. Sin embargo, esas personas hablaron a condición de no revelar sus nombres para evitar posibles represalias Lurati sostuvo ahora que rastreó cada una de las pistas aportadas por esas fuentes anónimas en aquellas crónicas y dijo que ante la falta de pruebas no queda más que archivarla.
Aunque no implica el cierre definitivo de la causa, el archivo clausura la investigación sin ningún resultado, como la misma jueza lo admitió en la resolución.
Lurati no quiso hablar sobre su decisión ("Todo está en la resolución") y se remitió a ese texto, donde defiende los "principios garantistas" en los que dice haber basado la medida. "Si no hay sospecha suficiente, no se puede formular un cargo puntual contra nadie", argumentó.
En la misma resolución dijo que respeta el derecho constitucional de los periodistas a preservar la identidad de sus fuentes, aunque parece justificar así la imposibilidad de hallar pistas para avanzar hacia el esclarecimiento de los hechos.
Las notas publicadas hace 18 meses por este diario explicaban con lujo de detalles cómo funcionan las cajas negras y mencionaban ejemplos muy puntuales .
La difusión de estos hechos y su impacto derivó en la intervención de la Jefatura de la Unidad Regional II, por orden del Ministerio de Gobierno, y en el relevo de varios jefes policiales, entre ellos el jefe y subjefe de la unidad (Francisco Previtera y Roberto Roldán) y los titulares de Orden Público y Unidades Especiales (Reynaldo Andrada y Hugo Giuliano).
Cuando leyó aquellas publicaciones, y tal vez presionada por sus alcances, la fiscal Rita Schiappa Pietra pidió la apertura de una investigación de oficio. Por entonces Lurati estaba de licencia y quien se hizo cargo de las primeras pesquisas fue su colega Carlos Alberto Carbone.
Por esa época, decenas de personas, muchos de ellos operadores del Poder Judicial, admitían que las denuncias periodísticas eran exactas y que las cajas negras existen desde hace años. Nadie, sin embargo, lo declaró judicialmente.
Los primeros pasos de la investigación judicial apuntaron a conseguir de los periodistas aquello que no estaba publicado, es decir los nombres de quienes aportaron los datos para la construcción de las crónicas y la identidad de los policías involucrados. Pero los cronistas reservaron esa información respetando un compromiso asumido con las fuentes, que accedieron a revelar ciertos datos con la condición de que no se los identificara.
Una cosa es clara: sin los datos aportados por esas personas, la investigación periodística no hubiera sido posible.
El juez Carbone tomó declaración informativa a los jefes de cuatro secciones de Jefatura mencionadas por las denuncias como cajas habituales de la recaudación ilegal: Sustracción de Automotores, Moralidad Pública, Leyes Especiales y Seguridad Personal. Ninguno fue imputado directamente pero tampoco ellos aportaron elementos para esclarecer los hechos.
Lurati aseguró que a aquellos primeros pasos le siguió una investigación que, según su propio juicio, agotó todas las pistas posibles y aún así no logró detectar ni un sólo indicio acerca de operaciones ilegales para obtener dinero.
"Una investigación judicial tiene reglas, y una de ellas es que a los delitos hay que probarlos. Ni siquiera la íntima convicción de un operador judicial alcanza para considerar como probada la denuncia de un delito", sostuvo. Como eso no ocurrió, así justificó el archivo y hasta ahora no se sabe que la fiscal haya apelado.
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