El presupuesto participativo es un mecanismo de participación social que permite a los ciudadanos (de un pueblo, ciudad, provincia o nación) conocer qué y cómo es el presupuesto del espacio territorial que forman parte, puedan decidir sobre él, participar en las decisiones de cómo se gasta y en la definición de las prioridades, y controlar su ejecución. Es un procedimiento que le permite a la ciudadanía opinar sobre la aplicación de los fondos públicos y controlar las rendiciones de cuenta.
El ámbito municipal es el más apropiado ya que las necesidades de la gente están más próximas a los responsables de las políticas públicas. No está escrito en ninguna libro cómo debe instrumentarse la consulta y a quiénes preguntar sobre la cuestión.
La experiencia más conocida y cercana es la de la ciudad de Porto Alegre, Brasil, donde comenzó a implementarse en 1989 y cobró auge 4 años más tarde con la creación de una serie de mecanismos de participación, planeamiento y control popular. También se aplicó en San Pablo y Río Grande do Sul.
La institucionalización del presupuesto participativo requiere de ciertas condiciones: que esté garantizada la participación del ciudadano, los objetivos del proceso de participación deben ser amplios en cuanto a sus temas, el control y la rendición de cuentas no deben estar ajenas, y en principio no es vinculante para el Ejecutivo, entre otras.
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La Ciudad
