Que su hijo, menor de edad, se pasee por Rosario en estado de embriaguez podría costarle entre 300 y 1.200 pesos. En el Concejo Municipal ya se comenzó a debatir una norma que sanciona a los padres, tutores o guardadores, cuando se detecte a menores alcoholizados, causando desórdenes en lugares públicos, o se encuentren en sitios no permitidos para su edad. La norma es similar a una que rige en Saladillo, una localidad bonaerense situada a 160 kilómetros de Capital Federal, y busca "que los mayores responsables pongan los límites necesarios". El proyecto no tiene un fin recaudador, sino que estipula que el dinero recaudado será destinado a organizaciones que traten la problemática de los jóvenes y adolescentes.
La iniciativa llega justo en un momento donde el consumo de alcohol en exceso se hace cada vez más corriente entre los menores de 18 años. Es más, estos jóvenes representan el 50 por ciento de las consultas que habitualmente recibe el Servicio de Toxicología del Hospital Provincial. Y el fenómeno no parece ser exclusivo de las clases sociales más bajas (ver aparte).
"No hacemos ni más ni menos que plasmar en una norma la responsabilidad que tienen los padres en el Código Civil y profundizar en un aspecto en el cual las relaciones entre padres y hijos están bastante relajadas", sostuvo el autor de la iniciativa, Jorge Boasso.
El representante del radicalismo ingresó esta iniciativa hace quince días. Y, la semana pasada el proyecto comenzó a tratarse en la comisión de Gobierno del Concejo Municipal.
Si la norma prospera, se modificará un artículo del Código de Faltas y se sancionará con una multa de $300 a $1.200 a los padres, tutores, curadores o guardadores cuando los menores de 18 años a su cargo se encuentren en estado de ebriedad, produzcan desórdenes y agresiones físicas en la calle y lugares de acceso al público, o se encuentren en sitios y horarios no permitidos.
A su vez, la iniciativa prevé la misma sanción para los propietarios, inquilinos, moradores y ocupantes de las fincas particulares donde se realicen reuniones de menores y se consuman bebidas alcohólicas. En este caso, la pena se aplicará siempre y cuando se encuentre, luego, a los chicos transitando alcoholizados por la calle o en lugares públicos.
Asimismo se contempla que el juez de faltas podrá convertir la multa impuesta en tareas comunitarias y trabajos de conciencia educativa. Cuando esto no suceda, el dinero obtenido del cumplimiento de estas sanciones, se destinará a instituciones y organizaciones no gubernamentales que traten la problemática de los jóvenes y adolescentes.
A pesar de la ley seca
"A pesar de que existe una ley que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas a menores, pululan los quioscos que les venden cerveza o vino a los chicos -se quejó Boasso-. Quizás con la posibilidad de sancionar también a los padres se pueda lograr un mejor resultado para que los jóvenes no consuman alcohol en exceso".
Y las estadísticas policiales del último fin de semana parecen darle la razón. Sólo entre la madrugada del viernes y del sábado se clausuraron en Rosario 14 quioscos y salones de venta por expender alcohol a menores de edad.
La distribución de estos comercios no privilegia ninguna zona geográfica. Tres procedimientos se desarrollaron en la zona norte, dos en la oeste, tres en el centro y seis en la zona sur.
Durante los operativos, unos 40 menores de 18 años fueron conducidos hacia distintas comisarías por ostentar "un excesivo estado de ebriedad" y quedaron demorados hasta que sus padres fueron a retirarlos.
"Los padres tienen que actuar con mayor responsabilidad y ejercer su patria potestad", aseguró Boasso y rápidamente aclaró que su proyecto no persigue un fin represivo, "sino que apunta a que los mayores ejerzan sus obligaciones y se responsabilicen por los actos de sus hijos".
Una ordenanza similar rige en Saladillo (provincia de Buenos Aires) desde el 22 de agosto de este año. Las penas oscilan entre los $ 115 y $ 1.150. Y, al menos hasta la primera semana de este mes, en esa localidad de 30 mil habitantes ya fueron 18 los adultos multados por los desmanes cometidos por sus hijos. Es más, el primer hecho sancionado ocurrió el mismo día en que la ordenanza entró en vigencia cuando un chico de 16 años tiró un petardo en la caja de una camioneta de la policía provincial.
La Ciudad
