El gobierno alcanzó ayer un "acuerdo voluntario" con los bancos para postergar hasta el 1º de febrero de 2003 las ejecuciones de garantías hipotecarias por créditos impagos, cuyo número está aún por definir, y abrir hasta esa fecha un período de negociaciones con los deudores. El anuncio lo realizó el ministro de Economía, Roberto Lavagna, luego de una reunión que mantuvo con los presidentes de la Asociación de Bancos Argentinos (ABA) Mario Vicens y de la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la Argentina (Abappra), Carlos Heller.
Al tratarse de un acuerdo voluntario, el gobierno evitará echar mano de un decreto para prorrogar estas ejecuciones y suma puntos a favor en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), habida cuenta que el organismo no veía con buenos ojos que la prórroga se instrumentara mediante una medida de este tipo.
Los diputados y senadores del justicialismo y el radicalismo analizarán hoy si respaldan el acuerdo o se inclinan por sancionar un proyecto de ley que mantenga la prórroga de las suspensiones.
Tanto en el oficialismo como en el radicalismo de la Cámara baja hay predisposición para aceptar este convenio voluntario, pero se quiere buscar una solución que también abarca a los deudores morosos privados, es decir que proteja a quienes tienen sus hipotecas impagas en escribanías o inmobiliarias fuera del sistema financiero.
"Lo que la semana pasada era una suspensión por 30 días, es ahora es una prórroga por 75 días, con acuerdo de los acreedores", destacó el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, al anunciar la medida en una conferencia de prensa, junto al ministro Lavagna y a los titulares de las entidades bancarias.
La medida es parcial, teniendo en cuenta que cerca del 80 por ciento de las acreencias son con entidades bancarias -que llegaron al acuerdo con el gobierno-, mientras que el resto pertenece a acuerdos privados.
En función de esa situación, el gobierno invitó ayer a las escribanías y prestamistas a sumarse a la tregua que voluntariamente se consiguió con los bancos para evitar las ejecuciones hipotecarias.
El Poder Ejecutivo había anunciado la semana pasada que prorrogaría por decreto y por 30 días las ejecuciones bancarias, en respuesta a una iniciativa del Congreso de sancionar por ley una prórroga superior de 180 días.
Sin embargo, el propio ministro de Economía echó por tierra la intención oficial, que hasta fue anunciada por Atanasof públicamente, puesto que una eventual postergación entorpecería las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El titular de la cartera económica aseguró que esta decisión tiene por objeto "dar tiempo para lograr una mejoría en la capacidad de pago de los tomadores de crédito".
Luego de esa fecha la intención es que se logre el escenario adecuado para avanzar en negociaciones individuales entre deudores y bancos.
Respecto a los deudores no bancarios, el ministro explicó que está medida obviamente no los incluye, pero remarcó que los acreedores que deberían adoptar "el mismo" criterio.
"Creemos que el mismo argumento que tienen los bancos (para aceptar la prórroga) debería predominar entre los privados" y subrayó que "es más realista dar tiempo y esperar una recuperación de la capacidad de pago de los deudores".
Con relación a este tema, Lavagna advirtió que "se va a proceder igual que en el caso de los amparos" y a quienes "exijan un pago" se les "investigará el origen de sus fondos". Esta declaración se efectuó en directa alusión a los denominados "usureros" que tienen buena parte del 20 por ciento de acreencias que no corresponden a los bancos.
"No somos inmobiliarias"
Para dar una pauta del espíritu que rondó este acuerdo, Carlos Heller destacó que "no es el interés de las entidades transformar a los bancos en inmobiliarias o quedarnos con los bienes" y adelantó que buscarán renegociar las condiciones para que los deudores puedan pagar.
"Los bancos tienen la voluntad de renegociar y no de ejecutar" enfatizó el titular de Abappra y explicó que "hoy no tendría sentido ejecutar una vivienda o una garantía" porque el dinero que obtendría el banco sería menor al que prestó. Por su parte, Vicens, de ABA, destacó que "la solución definitiva" a este problema "es que los deudores recuperen su capacidad de pago" y que este acuerdo forma parte de la búsqueda de la "normalización de las relaciones entre los bancos y sus clientes".
En tanto, el ministro Lavagna consideró que la capacidad de repago de los deudores mejorará para febrero acompañando el crecimiento que registrará la actividad económica en su conjunto.
¿Cuántos son los beneficiados?
Uno de los puntos acordados entre el gobierno y los bancos es la confección de un registro del número de deudores comprendidos en esta prórroga, ya que había circulado que los damnificados que iban a ser ejecutados a partir del viernes superarían los 53 mil casos, por unos 5.000 millones de pesos.
"Creemos que la cifra está sobrestimada", dijo Atanasof, mientras que Heller comentó, de manera coincidente, que durante la reunión "sorprendió el número de damnificados que se estaba manejando", y Vicens estimó que "serán muchos menos" los posibles de ser ejecutados.
El ministro adelantó que en el caso de los privados "la Afip investigará los orígenes de los fondos" que fueron prestados como una forma de "incentivar en la sociedad argentina el concepto de cumplir con las obligaciones".
La Ciudad
