El gobierno nacional decidió finalmente no prorrogar la suspensión de las ejecuciones por deudas hipotecarias, que finaliza el martes próximo. El Ministerio de Economía indicó que esta actitud se relaciona con "un compromiso asumido ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) hace varios meses". Más aún, el ministro Roberto Lavagna afirmó ayer en el coloquio de Idea que este tema era el "último obstáculo" para firmar con el organismo.
La decisión del gobierno encendió la protesta de los deudores. Las entidades que representan a los productores agropecuarios, uno de los sectores más afectados por esta situación, acusaron al gobierno de ceder ante "presiones del FMI", mientras que la que la Coordinadora de Actividades Mercantiles (Came), advirtió que "desde la semana próxima comenzarán a producirse los remates de 260 mil viviendas únicas y 10 mil locales comerciales".
El gobierno había acordado el miércoles con los líderes parlamentarios prorrogar por decreto la suspensión de los remates, por un plazo de 30 días, pero ayer volvió atrás porque la medida fue objetada por "el FMI y otros sectores". Así lo admitió el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof.
El miércoles pasado, Atanasof había acordado con autoridades del Congreso sacar el decreto para postergarlas otros 30 días (en rigor hasta febrero por la feria judicial) mientras los parlamentarios encontraban una solución para los deudores morosos que corren riesgo de perder sus propiedades.
Sin embargo, el Palacio de Hacienda presionó contra la medida y advirtió que el Ejecutivo vetaría cualquier ley que sancionara el Parlamento para establecer una prórroga.
Ayer trascendió, no obstante, que la conducción del justicialismo en la Cámara de Diputados había entablado una línea de negociación con el Palacio de Hacienda para buscar una solución que no complique la negociación con el Fondo pero que a su vez evite una ola de remates.
Alternativas
"Estamos en diálogo permanente", dijo un vocero del bloque, quien subrayó la necesidad de que esa propuesta esté acordada en forma previa a la sesión especial convocada junto a la UCR y los partidos provinciales para tratar el tema de los remates.
Una de las alternativas que se barajan es fijar alguna prórroga para pequeños deudores o establecer, por decreto, un mecanismo de mediación para reabrir las negociaciones y que pueda haber una solución viable entre las partes.
La decisión del gobierno de no prorrogar el plazo de suspensión de las ejecuciones hipotecarias motivó la protesta de presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Manuel Cabanellas. El dirigente, que participa en Santa Rosa, La Pampa, del congreso anual de CRA, se mostró sorprendido con la decisión porque "teníamos la promesa de que se iban a postergar por 60 días las ejecuciones, que iba a prolongar el tema hasta marzo".
La sorpresa parte además de el hecho de que los ruralistas habían acordado una reunión con el secretario de Agricultura, Haroldo Lebed, y directores del Banco Nación para el 19 de noviembre para "encontrar una salida a este problema", agregó.
La Ciudad
