"La penalización del aborto induce a la clandestinidad y al nacimiento de un mercado en el cual la vida y la salud de las mujeres tienen escaso valor", apuntan los fundamentos del proyecto.Y agregan que "es de público conocimiento que las intervenciones quirúrgicas seguras que se realizan en el circuito privado tienen altos costos y la ilegalidad lleva a beneficiar a unos pocos que hacen un negocio sumamente lucrativo". En cambio, la realidad de los sectores más humildes es distinta. En estos ámbitos, los embarazos se interrumpen sin las más mínimas condiciones higiénicas y "las mujeres, por temor a ser denunciadas, no recurren a solicitar asistencia médica", sostiene Giustiniani. Así, estos casos llegan más tardíamente al hospital, con lo cual los costos de salud para la mujer son mucho más altos. "La penalización del aborto contribuye de manera especial a la destrucción de la vida de las mujeres pobres. Es inadmisible que ante la posibilidad de ser denunciada o encarcelada, una mujer sea privada de la atención necesaria en un servicio de salud", señala el proyecto. Finalmente, la iniciativa advierte que "frente a esta realidad tan dramática, los sectores de poder callan con hipocresía o indiferencia".
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