Washington. - Una jueza federal de EEUU aprobó ayer la mayoría de los puntos del acuerdo extrajudicial del consorcio de software más grande del mundo, Microsoft, con el Departamento de Justicia estadounidense, alcanzado en noviembre de 2001, en el juicio antimonopolio que ya lleva cuatro años. De esta manera se descartaron las objeciones de nueve estados norteamericanos, que querían sanciones más duras para la empresa.
La jueza federal Colleen Kollar-Kotelly puso fin así a la causa más importante contra la empresa en los tribunales, aunque quedan aún otras, pero menos peligrosas para la compañía de Bill Gates. El Departamento de Justicia se manifestó conforme, en tanto que no se espera que los nueve estados apelen la decisión de la jueza. Las propuestas de los estados hubieran conducido a cambios drásticos de los productos de Microsoft y perjudicado además a campos comerciales de la empresa, que no estaban involucrados en las prácticas ilegales, argumentó la jueza.
La jueza federal aprobó la mayoría de los puntos del acuerdo suscrito el año pasado entre el gobierno y Microsoft, y ordenó que las sanciones pactadas entonces se mantengan durante cinco años. El anuncio oficial se produjo después del cierre de los mercados bursátiles en EEUU, para que el fallo no afectase de forma fulminante a la cotización de la empresa. Microsoft cerró ayer a 53 dólares por acción, pero en la plataforma de transacciones electrónicas Island, fuera del mercado oficial, se intercambia ya con un precio un 5% superior.
El fiscal general de EEUU, John Ashcroft, calificó de "gran victoria para los consumidores y la industria" esta decisión judicial.
Empresa en dos
Las demandas por las supuestas actividades monopolísticas de Microsoft se iniciaron en 1997, cuando el gobierno de EEUU, de 19 estados y del distrito de Columbia denunciaron a la empresa de Bill Gates por prácticas de la firma que, según los demandantes, incurrían en competencia desleal. En 2000, un juez federal dictaminó que Microsoft era culpable y ordenó la división de la empresa en dos. Sin embargo, en respuesta a una apelación de Microsoft, el Tribunal Supremo de EEUU desestimó este veredicto por desproporcionado y devolvió el caso a otro tribunal, presidido por la jueza Kollar-Kotelly. En ese entorno se llegó al pacto que aseguraba el fin de las prácticas ilegales, y que nueve estados se negaron a firmar, pidiendo un endurecimiento del castigo.
Al tomar el caso, tras la anulación en apelación de una primera sentencia de desmantelamiento de Microsoft, la jueza Kollar-Kotelly había alentado vivamente a las partes a buscar un arreglo extrajudicial, que fue finalmente alcanzado hace un año. Según los términos de ese acuerdo, los fabricantes de computadoras deben tener más libertad para configurar sus máquinas e introducir programas informáticos (navegador de internet, programas de música) competidores a los de Microsoft. Microsoft también debe brindar más información técnica sobre Windows para que los editores de software puedan concebir productos compatibles con esa plataforma. Para mostrar su buena voluntad, Microsoft comenzó a aplicar inmeditamente los términos del acuerdo.
Pero nueve Estados (California, Connecticut, Florida, Iowa, Kansas, Massachusetts, Minnesota, Utah y Virginia Occidental), a los que se asoció el Distrito de Columbia, donde se encuentra la capital federal Washington, decidieron continuar con el proceso para obtener sanciones más severas. Este proceso había comenzado en marzo y concluido en junio.
Estos Estados quieren fundamentalmente que Microsoft se vea obligado a ofrecer una versión "modulable" de Windows, personalizada según los deseos de los usuarios, además de la versión tradicional que incluye otras funciones como la navegación en internet y el correo. Una sanción de este tipo obligaría a Microsoft a retirar Windows del mercado, había afirmado Bill Gates. (DPA y Reuters)
La Ciudad
