Santa Fe. - La Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Penal confirmó los procesamientos del subsecretario de Transporte de la provincia, Carlos Muia, y del director del área, Darío Airaudo, quienes fueron procesados por el juez de instrucción José Manuel García Porta bajo la carátula de abuso de autoridad, coacción e incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real.
Con esa decisión, el alto tribunal dejó firme la medida del magistrado y colocó el caso en la órbita de un juzgado del crimen, el que ahora deberá llevar adelante el juicio. En medios oficiales se especuló ayer que la mencionada ratificación podría llegar a tener su correlato en un eventual alejamiento de ambos de sus cargos.
Luego de que el juez dictara el procesamiento de los funcionarios, tanto Muia como Airaudo continuaron en sus funciones con el aval político del Ministerio de la Producción, pero ayer se estimaba que la medida judicial ya no podría seguir siendo desoída por el Ejecutivo, sobre todo si se tienen en cuenta las duras críticas de la oposición que se tradujeron en varios pedidos de informes sobre la situación en el área de Transporte.
La acción del juez García Porta en torno a la Subsecretaría de Transporte se inició a partir de una serie de denuncias por irregularidades desde 2001, entre ellas de los trabajadores de las empresas San José del Rincón y Servitur que llevaron al magistrado a allanar el 13 de marzo pasado las oficinas del organismo por posibles hechos delictivos.
En ese procedimiento el juez secuestró un expediente referido a la empresa San José del Rincón, cuyos servicios cesaron por orden de la repartición en octubre del año pasado, pero que se reanudaron a partir de un recurso de amparo. Posteriormente hubo otra denuncia de un ex chofer de la empresa Santo Tomé SRL, quien sostuvo en sede judicial que fue despedido por reclamar que los coches contaran con seguros que cubrieran tanto a los pasajeros como a los trabajadores.
El ex empleado habría sostenido que unas 19 unidades acusarían faltantes de documentación y otras anomalías por las que deberían inhabilitarlas para que circulen como servicio público. En esa presentación, el despedido habría afirmado la existencia de una posible connivencia entre las autoridades de Transporte y los dueños de la empresa, que fue habilitada en diciembre del año pasado para cubrir el tramo Santa Fe-La Guardia mediante una cuestionada acta que fuera tenida en cuenta por el magistrado.
Por ese tiempo el juez confirmó que como consecuencia de las denuncias inició la investigación de Isva SRl, un taller de revisión vehicular del sur provincial con el que estaría relacionado el ex concejal rosarino Rodolfo Maggi.
Maggi ingresó al área del Transporte bajo la figura de "comisión de servicio" y según afirmó Muia en una conferencia de prensa no había nexo entre Isva y el funcionario desde que éste asumiera como edil en Rosario, y al concluir su mandato se reincorporó a sus funciones en el ámbito industrial, y posteriormente se integró a Transporte.
Tormenta administrativa
Desde hace largo tiempo en el Juzgado de Instrucción de la 2ª Nominación se acumularon denuncias y causas que colocaron a esa dependencia provincial en el ojo de una tormenta administrativa que fue tomando estado público y que en el ámbito de la Justicia llevaron a pensar que en el organismo podría haberse configurado un sistema de recaudación paralela de grandes proporciones.
En función de esa línea de investigación, el martes 25 de junio pasado García Porta procesó a ambos funcionarios, imputándolos de coacción, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, medida que fue apelada y derivada a la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, que integran Julio de Olazabal, Daniel Humberto Amadio y Elbio Martín Francini, la que ahora decidió ratificar el procesamiento del juez García Porta.
La Ciudad
