La pelea entre el sector agropecuario y el gobierno por la cuestión fiscal toma temperatura. La semana pasada, los dirigentes de las cuatro entidades del campo se reunieron con el secretario de Agricultura, Haroldo Lebed, para reclamar el archivo definitivo del proyecto para rebajar a la mitad el IVA para la venta de granos, que dejaría a las empresas agrícolas con enormes créditos fiscales de dudoso cobro.
Paralelamente, siguen las negociaciones para cambiar el régimen de retenciones al IVA agrícola, una iniciativa que la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) promueve como fórmula para reducir la comercialización en negro y que podría entrar en vigencia en enero próximo.
Pero en lo inmediato, uno de los temas que levanta más polvareda es el del pago del impuesto a las ganancias por "utilidades ficticias" derivadas de la revaluación de los activos de los productores por efecto de la inflación y la modificación cambiaria.
Las empresas y entidades de la cadena agroalimentaria vienen reclamando la implantación de un ajuste por inflación sobre las utilidades, que podría pasar por la restitución de una norma eliminada en su momento por el ex ministro Cavallo o por fijar algún límite a la revaluación de activos de los productores.
Frente a esto el gobierno aceptó conformar una comisión negociadora e impulsa una fórmula de ajuste "parcial" que le permita descomprimir los conflictos en puerta en la medida que avanza la fecha de presentación de declaraciones juradas, pero asegurándose una recaudación extra.
Enrique Lingua, asesor impositivo de la Bolsa de Comercio de Rosario, aseguró que "lo importante de destacar es que la demanda de un ajuste por inflación no se hecho para que las empresas paguen menos impuestos sino porque no corresponde tributar sobre utilidades afectadas por la inflación".
El especialista cargó contra las alternativas que maneja el gobierno. "Han buscado una forma rebuscada de permitir un ajuste parcial sólo por seis meses y con un índice especial que no contemple la totalidad del proceso inflacionario del período", describió y se quejó de que esta propuesta "es incomprensible porque en ningún caso las necesidades de caja pueden ser superiores a los principios de equidad tributaria que deben ser rectores del accionar público".
El tema es que la indefinición respecto del régimen de pago del impuesto a las ganancias está generando un estado deliberativo en el sector. Así, el asesor económico de la Bolsa comentó que las empresas están tomando distintas medidas legales, como la presentación de las declaraciones juradas de ganancias con el ajuste por inflación tal como estaba vigente hasta 1992, respaldado con un amparo.
Otras están pidiendo a las entidades que impulsen una postergación de los vencimientos mientras se estudia una nueva metodología. Esto es porque, de cambiarse el régimen actual, se "beneficiarían" sólo los que deban presentar las declaraciones juradas en fechas más alejadas.
De otro modo, "las normas aún permanecen inflexibles y quienes cumplan estrictamente con las disposiciones legales vigentes y sus ejercicios finalizaron en abril y mayo pasado, ya tributaron sin ajuste por inflación y, lo que es más grave, devengaron anticipos sobre bases inexactas", señaló Lingua.
Pero, de no modificarse la situación, los efectos del pago del impuesto por "ganancias ficticias" comenzará a mostrar su cara más dura en los próximos meses, cuando deben presentar las declaraciones juradas los que tengan fecha de cierre de ejercicio a partir del mes de junio,.
Un reciente informe de la casa corredora Barrilli enumera los "imponderables" que afectan las proyecciones de las empresas agropecuarias y que podrían neutralizar la mejor perçspectiva que presentan los precios internacionales.
En ese sentido, ubica la latente amenaza de reducción del IVA agrario, la posibilidad de aumentar las retenciones , las especulaciones sobre el desdoblamiento del tipo de cambio y la ofensiva de algunos sectores del gobierno para reformar la ley de granos, obligando a pagar las retenciones en los porcentajes definidos al momento del embarque y no de la declaración jurada. Además, señala que el control de cambios que actualmente hace el gobierno "genera una altísima dependencia de los precios internos de los granos a las decisiones de las autoridades del Banco Central.
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La Ciudad
