Propuesta de las ONG's sobre la Corte Suprema

Modifica el proceso de nombramiento de las vacantes

Más de 250 organizaciones no gubernamentales, reunidas en el denominado "Cabildo Abierto", le propusieron la semana pasada al gobierno un novedoso proceso de designación de jueces de la Corte Suprema de Justicia para ser utilizado en el reemplazo de Gustavo Bossert, quien renunció días atrás al máximo tribunal por "hartazgo espiritual".
Un proceso de consulta ciudadana, la publicidad de los criterios de selección de los candidatos, declaración jurada para evaluar posibles incompatibilidades legales o morales, y una audiencia pública en el Senado son algunas de las modalidades propuestas por las ONGs.
La iniciativa está incluida en un paquete de proyectos denominados "Leyes de Mayo" que fueron entregados al jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, en la Casa de Gobierno, y que incluye también propuestas de reforma política.
Según los miembros de las ONGs, la propuesta podría ser utilizada para designar al reemplazante de Bossert, quien presentó su renuncia a la Corte Suprema días atrás por su "hartazgo espiritual" ante la "tensión padecida en los últimos meses", lapso en que duró el finalmente fallido proceso de juicio político en su contra en el Congreso.
Desde el gobierno, el propio Atanasof aseguró que la decisión sobre el sucesor de Bossert la tomará el presidente Eduardo Duhalde según "lo que está establecido constitucionalmente", pero advirtió que el Ejecutivo se "tomará su tiempo para resolver este tema".
Por su parte, Norberto Borzese, uno de los integrantes del Cabildo Abierto por el Foro Social para la Transparencia, aclaró que para considerar la propuesta de las ONGs "no hace falta ley alguna".
Según la Constitución nacional, el presidente de la Nación tiene la competencia de designar a los jueces de la Corte Suprema, con la aprobación del Senado.
"Esta facultad, ejercida en forma absolutamente discrecional y sin mediar criterios o límite alguno a su ejercicio, ha llevado a que el Poder Ejecutivo designe candidatos para integrar la Corte Suprema que no han logrado pasar los más elementales escrutinios de la comunidad jurídica o de la ciudadanía", advirtieron las ONGs.
En la propuesta, se indica en primer lugar la necesidad de una "autolimitación" del presidente en el proceso de designación, que debería lograrse "a través de la publicidad de los criterios de selección de los candidatos y mediante un estudio sobre los eventuales conflictos de interés y sobre su situación impositiva".