"La policía no debería intervenir en estos casos"

El penalista Gustavo Lorenzo destacó la ausencia de una red de contención para los problemas de la niñez

"El primer contacto que estas chicas tienen con el Estado para que resuelva sus conflictos es la policía, cuando no debiera ser así. Ante la falta de contención social, el único recurso que hay en la provincia para las problemáticas de la niñez es la policía". Esta es, para el abogado Gustavo Lorenzo, una de las cuestiones más reveladoras de los casos de niñas involucradas en situaciones de robo. La cuestión, a su criterio, se enlaza íntimamente con otro aspecto del fenómeno: la judicialización de casos sociales ante la falta de respuesta del Estado.
"La protección de la infancia debería arrancar mucho antes, con políticas acordes. El Estado, al no brindar ayuda a estos sectores, delega el primer contacto a la policía y eso es prácticamente ilegal porque la policía no debería intervenir. Ante la falta de contención social, el único recurso que hay en la provincia es la policía. Y así es imposible que se articule una política seria de minoridad", opinó el penalista Gustavo Lorenzo.
El abogado, integrante del Centro de Estudios e Investigaciones en Derechos Humanos y abogado del Centro de Atención a la Víctima de la Defensoría del Pueblo provincial, aclaró que por tratarse de menores de edad, y por lo tanto inimputables, "no se puede decir que hayan cometido un delito, porque hablar de delito en este caso es un error".
Sin embargo estas situaciones "se manejan con la lógica de comprobar un delito y se judicializa el trámite". Ante ello "los juzgados sólo tienen una intervención formal si se comprueba la situación de abandono. Generalmente actúan como lugar de identificación, realizan alguna audiencia, los menores quedan sin contención y vuelven a sus circuitos normales", dijo.
Pero los casos en que las menores detenidas son mujeres contienen otra particularidad: chocan con una estructura diferente de aquellos en los que están implicados varones. Según Lorenzo, la Dirección del Menor en Conflicto con la Ley dispone de programas e instituciones para varones; mientras que las mujeres recién desde hace algunos años participan del programa de libertad asistida. "Es mucho menor la infraestructura para las chicas", refirió.
Para Lorenzo, "el tema de fondo es que no existe una red de contención previa, entonces la que aparece es la policía. ¿Por qué previamente no intervino otra institución? ¿Por qué este tema no surgió en el centro de salud del barrio, la escuela o el hospital? Por algo la policía es la única área provincial en la que se permite el nombramiento de cargos. La política social de la provincia se logra a través de empleados policiales".
Aún en los casos en que, acreditado el abandono, los jueces recomiendan la escolarización de los menores o algún tipo de intervención, la familia de los menores "no tiene un lugar donde recurrir. Por eso tampoco hay que culpabilizar a la familia".