Diputados va ahora por el proyecto de presupuesto

Después de las jornadas intensas por el juicio político a la Corte Suprema, el oficialismo se dedicará a preparar la discusión del presupuesto nacional en la Cámara de Diputados.
El presidente de la Cámara baja, Eduardo Camaño, se reunirá a principios de la semana con los integrantes justicialistas de la comisión de Presupuesto y Hacienda para acordar un cronograma de debate y analizar los capítulos más conflictivos del texto.
Paralelamente, el oficialismo quiere dar las puntadas finales a la agenda parlamentaria que desea cumplir antes de fin de año.
El temario forma parte de un acuerdo de convivencia entre los diferentes sectores del justicialismo parlamentario y la UCR, para atravesar el último segmento de la transición presidencial sin enfrentamientos en el Congreso.
En ese sentido, uno de los temas más importantes a tratar es el proyecto de ley de presupuesto para el año 2003 que envió en septiembre el Ministerio de Economía. Probablemente, la iniciativa deba ser revisada a la luz del proyecto de carta de intención que envió el Fondo Monetario Internacional (FMI), y en el cual se plantean exigencias más duras en materia de control fiscal.
Además, queda pendiente un nuevo acuerdo con las provincias para frenar la emisión de las cuasi monedas y el mecanismo para devolver el 13% de los salarios y jubilaciones a cargo del Estado.
Con el juicio político a la Corte Suprema fuera del horizonte, la principal preocupación del PJ es encauzar los proyectos que otorgan al Parlamento la palabra final en la renegociación de los contratos de tarifas y evitar un choque con los planes del Ministerio de Economía.
La decisión oficial, sólo reconocida en privado, es definir los aumentos de tarifas antes de especificar el rol del Congreso.
A su vez, los contratos de empresas privatizadas que concluyen antes de fin de año serán postergados hasta 2003, para que queden en manos del futuro gobierno.
La agenda parlamentaria comenzó a bocetarse el 20 de septiembre pasado, en una reunión compartida por los jefes parlamentarios del Justicialismo y el ministro del Interior, Jorge Matzkin.
El objetivo central es impedir que la disputa electoral se instale en el Parlamento.
Otra decisión tomada en voz baja por la conducción oficialista de la Cámara de Diputados, es evitar definiciones en los controvertidos proyectos que tienen a los bancos como protagonistas centrales.