Mientras el equipo económico analiza el contenido del borrador de carta de intención a firmar con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el gobierno prepara una operación política de escala que le permita alcanzar el consenso necesario que respalde el acuerdo, una condición sine qua non que exige el organismo multilateral para otorgar ayuda financiera.
Este es el principal condicionamiento que requirió el FMI para cristalizar el acuerdo y que está contenido en el borrador de carta de intención que el secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, entregó ayer al ministro de Economía, Roberto Lavagna, a su arribo desde los Estados Unidos, según consignaron voceros oficiales.
Esta operación se ha convertido en el objetivo político inmediato que tiene el gobierno en los próximos días y contiene desde contactos con mandatarios provinciales hasta delicadas negociaciones con legisladores y candidatos a las próximas elecciones, por lo que estiman que para encolumnar a todos los sectores detrás de la iniciativa demandará cuanto menos 20 días.
Lavagna y Nielsen se reunieron por algo más de una hora y decidieron estudiar el contenido del borrador durante el fin de semana y reunirse pasado mañana.
También los técnicos del Banco Central preparan para el martes un informe al presidente de la entidad, Aldo Pignanelli, respecto del programa monetario.
El acuerdo, de firmarse, abarcará una postergación de los vencimientos que la Argentina tiene con el organismo hasta fines de 2003 y que entre capital e intereses rondaría los 13.000 millones de dólares.
Lavagna anticipó a sus colaboradores que se tomará hasta pasado mañana, al menos, para analizar todos los detalles técnicos del paper para luego pasar "a la instancia política", en una tarea que discutirá con el presidente Eduardo Duhalde.
De acuerdo con algunos trascendidos, el FMI habría considerado aceptables los números fiscales aunque persisten algunas diferencias en torno de las cuentas provinciales, en especial, con el rescate de bonos provinciales.
La intención del gobierno argentino es que de la suma ya pagada al FMI se puedan considerar reintegrables, al menos unos 1.000 millones de dólares, para ser destinados a rescatar al menos parte de total de bonos emitidos por las provinciales. Si bien el gobierno no difundió cifras oficiales acerca del total de moneda emitida, se estima que el stock de títulos rondaría los 7.500 millones de pesos. El reintegro de los recursos del FMI serviría para descomprimir en algo menos de la mitad el volumen de títulos que actualmente están en circulación.
Para el gobierno nacional este punto se considera de vital importancia, en especial, porque gran parte del soporte político del acuerdo debe venir desde los gobernadores y de los legisladores provinciales.
De allí que el consenso es considerado clave por la administración y es la llave para poder cerrar el acuerdo con el FMI.
De la misma manera, se considera que una solución a los delicados asuntos de algunas administraciones provinciales puede llegar a calmar las aguas en el Congreso, que amenaza con sancionar leyes que pueden traer más inconvenientes al sistema financiero.
La preocupación sobre el futuro del sistema financiero es un tema que desvela al Banco Central ya que consideran que la persistencia de los amparos y alguna legislación que cuenta con media sanción pueden convertirse en una seria amenaza para la solidez del sector bancario.
En el último mes, los amparos volvieron a situarse sobre los 1.000 millones de pesos, reencendiendo señales de alarma sobre el futuro de algunas entidades.
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La Ciudad
