El Congreso argentino terminó siendo la institución más funcional a los planes del ex presidente Carlos Menem. La maratónica sesión en la que se archivó el juicio a los ministros de la Corte Suprema de Justicia fortaleció indirectamente al riojano al dejar intacto un poder creado a su imagen y semejanza, según sus detractores. Una intrincada red de reciprocidades prestadas, favores pendientes y lealtades vigentes que siempre oficiará de última palabra en los escarceos casi cotidianos con los Tribunales que distraen al ex mandatario de su pretensión de volver a gobernar el país.
Preso de la "extorsión" a que, según algunos de sus funcionarios, la Corte sometía al gobierno del presidente Eduardo Duhalde, a su administración no le quedó más salida que desafilar la espada que pendía sobre las cabezas de nueve ministros del tribunal supremo pero enfiló directamente a un terreno resbaladizo: el que domina el menemismo, el sector con el que mantiene su más abierta y reconocida enemistad pública.
Menemistas y duhaldistas pujaron por igual el parto para salvar a la criatura cuya paternidad únicamente reconoce al primero por lo que el gobierno quedó, en cierto modo, coaligado en una tarea que, para colmo, no ha sido bien vista por la ciudadanía y además favoreció que su archienemigo partidario lograra recuperar el centro de la escena.
El fallo de la jueza María Romilda Servini de Cubría que declaró inconstitucional la simultaneidad de elecciones abiertas en todos los partidos y borró de un plumazo quizá el único intento gubernamental por transparentar en algo el proceso de renovación dirigencial política otorgó a Menem las riendas de su propio partido.
Una vieja conocida
La jueza Servini de Cubría es la misma magistrada que el año pasado abortó el intento duhaldista de dejar al riojano fuera de la conducción partidaria adoptada en el Congreso nacional peronista que, presidido por el actual presidente, se realizó en la localidad de Lanús.
Sin embargo Menem no salió inmediatamente a propiciar desde el consejo nacional de su partido, en cuya titularidad lo repuso Servini de Cubría el año pasado, una convocatoria a elecciones como amenaza hacerlo esta semana.
Los menemistas no esconden que su jefe esperó de modo paciente la resolución en el Congreso de la suerte de la Corte Suprema confiando, primero, en su resultado y después en seguir contando con la más fenomenal estructura de respaldo para defenderse de sus adversarios que buscan volverlo a una cárcel.
"Con la Corte intacta todo el sistema sigue funcionando igual", dicen en el colmo del paroxismo para dar a entender que los jueces "osados" no habrán de traspasar la línea de simular sacar los pies del plato.
El fallo sobre las internas partidarias no está firme conforme la intención del gobierno nacional de apelarlo, como ha dicho aunque sin ganas. A las declaraciones de los funcionarios que preanuncian esa batalla judicial ya las había desvaído de antemano el presidente Duhalde al sostener, como si supiera qué era lo que se le venía, que si la Justicia no convalida las internas debería levantarlas.
Si el gobierno se decide finalmente a apelar el fallo y, en tal caso, si la Cámara Electoral Federal ratifica lo actuado por la jueza, el menemismo terminará de atarse el moño para salir a escena al estilo Fred Astaire: relajado, confiado y contento.
Por lo pronto Menem avisa que está dispuesto a ser él quien elija la música con la que bailen los peronistas su interna. El congreso partidario de Lanús había dejado expresa constancia de que no designaría miembros de una junta electoral y dejó para más adelante esa tarea. Pero la jueza no convalidó esa decisión y restituyó a los miembros anteriores, esto es a una mayoría menemista en el órgano que organiza, digita y maneja los comicios dentro del partido.
Con la presidencia del consejo nacional y el dominio de junta electoral, los menemistas han salido a apurar los tiempos y esta semana, se dice, Menem convocaría al primero de los órganos para dictar la fecha comicial. A esto se refiere el candidato José Manuel de la Sota al salir a pedir la renuncia de Menem a la presidencia partidaria argumentando que no puede postularse y a la vez conducir el proceso.
Este panorama, dicen, es el que quiso evitar Adolfo Rodríguez Saá con su solicitud a Carlos Reutemann, presidente del congreso nacional peronista, para que reúna a ese máximo estamento de decisión soberana con anticipación, pero de lo que el santafesino desistió al cabo de una ronda de consultas en la que se convenció de que lo único que no lograría era un consenso mínimo no ya para la realización del encuentro sino para que éste no termine provocando el efecto contrario al que, supuestamente, buscaría.
Esto es quebrar en lugar de unir. El antecedente de la reunión de Lanús en la que el duhaldismo pagó un costo significativo no estaba en los planes del Lole. Las consultas en las últimas que realizó el gobernador con su segundo en ese cargo, su par pampeano Rubén Marín y otros dirigentes, preanunciarían que la intención de no convocar al congreso partidario persiste.
Ahora bien, si Menem intenta apurar los tiempos llamando a comicios internos que incluso podrían anticiparse a la fecha que el gobierno había instituido originalmente tiene como objetivo condicionar a sus adversarios a un apretadísimo cronograma que lo obligaría a decisiones inmediatas pero también la de generar un hecho que lo vuelva poner al frente de una conducción deslucida entre tanto vaivén judicial y encuestas desfavorables.
Rodríguez Saá ha declarado que jugará dentro de su propio partido. Bien puede entenderse que como repite está convencido de poder derrotar a Menem en elecciones internas pero también que Duhalde estará obligado a reaccionar de algún modo para frenar a su enemigo interno o condicionarlo en cuanto pueda.
Para ello el gobierno necesita, entre otras cosas, tiempo. La apelación al fallo de Servini de Cubría lograría eso esencialmente no dejando firme su decisión y obligando a que una instancia de alzada lo resolviera. Hasta tanto los partidos no sabrían sobre qué bases organizar sus compulsas internas. Si a piaccere, como los rehabilita la jueza, o abiertos y simultáneos como los decretó el gobierno.
La decisión de Rodríguez Saá parece destinada a no despegarse de antemano de una base partidaria que, conforme terminen siendo las reglas que rijan el proceso interno de los partidos le resultaría esencial. Si el congreso nacional lograra modificar el sistema electoral con algunas de las alternativas sui generis que andan dando vuelta entre sus bancas, tal el caso de las singulares versiones de ley de lemas que se propician, el puntano necesitará estar en el peronismo para poder encarnar un sublema o como quiera que se le llame. O en todo caso, esperará hasta conocer el cariz de la pelea judicial que puede dar el gobierno apelando el fallo de Servini de Cubría.
Un elenco sin sorpresas
La pelea interna de los peronistas se recrea una vez más con los dos actores principales de siempre: Menem y Duhalde. De la misma que busca alejarse siempre Reutemann y a la que están irremediablemente traccionados todos los precandidatos partidarios.
Los favores se pagan a quienes lo hacen es un refrán que en la década del noventa se convirtió en ley no escrita en el ejercicio de la política oficialista del momento. ¿A quiénes debe pagar favores el Poder Judicial argentino? ¿A Menem, que en el caso de la Corte los instituyó, o a Duhalde a quien, conforme se admite, le arrancó bajo presión el cajoneo de su juicio político y riesgo de destitución? \Pero hay otra pregunta que debería inquietar más a los argentinos tras el desenlace fallido del juicio político. Si el gobierno del presidente Duhalde aparece tan mal visto por sus gobernados, es lógico que cargue con los costos de una operación que, aunque no querida, debió llevar adelante por las razones que fuere y si éstas resultasen realmente atendibles.
Sin embargo, ¿resulta razonable que con los niveles de repudio que recoge sea Menem quien capitalice el trámite como un fracaso de la oposición? Si es así eso sólo puede evidenciar la enorme debilidad de la oposición en la Argentina imposibilitada de demostrar el accionar de las fuerzas que impidieron el éxito de un juzgamiento que, se dice, está amparado por la mayoritaria opinión de los argentinos.