Hernán Lascano / La Capital
Esto empezará con una intimidad. Cuando La Capital se enteró de que una chica decía haber sido violada por tres policías en una comisaría del centro se hizo lo usual: armar un grupo para ver si tal cosa tenía sustento. Se verificó que el caso estaba en Tribunales, se contactó a la familia de la víctima y para el final quedó, a cargo de un par de periodistas, la consulta a dos responsables de la policía. Cuando se les informó el motivo del contacto ambos tuvieron una reacción idéntica: enmudecieron y precisaron de unos segundos para contestar. Es presumible que hayan imaginado el cataclismo que se vendría al día siguiente, 26 de septiembre, cuando el caso llegara a la calle.
Lleva algún tiempo recuperar la línea de equilibrio ante un golpe tan demoledor. Sacudido por tal noticia, el ministro de Gobierno, Esteban Borgonovo, le dio instantánea entidad a la denuncia, se indignó porque la policía no le había informado y relevó a los 44 policías de la seccional. Pero mientras absorbía el topetazo pudo trazar una estrategia que el viernes enunció con claridad. Remarca la urgencia de resolver el caso de la violación en la Justicia con la mayor celeridad posible. Enfatiza que la policía informó enseguida del caso al juez. Pero ya no subraya la gravedad de que en 21 días ningún policía hubiera sido apartado para la investigación. Algo que se acostumbra, decía al principio, "hasta en un hospital cuando se pierde un frasco de remedios".
Que la policía le avisó al juez el primer día
-algo que no es elogiable, apenas lo correcto- no es una novedad. Fue informado en la primera nota que este diario publicó sobre el caso. Remarcar eso ahora es mezclar peras con manzanas: aquí lo cuestionable es que durante tres semanas, en conocimiento de toda la jerarquía policial, tres personas acusadas de violación estuvieron en la seccional atendiendo público como si nada. Toda la policía sabe que va contra la lógica y contra el Reglamento de Personal Policial. Y que remover a la dotación no dependía del juez.
Que se insista conque no se podía apartar al personal porque la fecha del hecho era imprecisa, tesis del subsecretario de Seguridad Enrique Alvarez, es burlarse de la opinión pública. Muy precisa era la descripción de los agresores asentada en la denuncia, suficiente para comenzar una delimitación. Como luego sí hubo remociones generales, ya que el tema era público, machacar con tal cosa equivale a decir que mientras nadie estuviera enterado daba igual que todos se quedaran en la seccional . No daba igual. Se debió actuar el primer día. Y la responsabilidad de la omisión no sólo alcanza al que debió tomar esa decisión, sino a todos los funcionarios públicos que sabían y con el deber de hablar no dijeron nada. En otro caso ignorar un delito gravísimo porque ocurrió en la jurisdicción de al lado podría darse por válido.
Puede admitirse que no se haya removido personal con un propósito bien intencionado. Pero el efecto es el mismo: las personas que hoy están presas siguieron en sus puestos y es imposible convencer a nadie de que las cosas iban a ser distintas si este diario no divulgaba el caso. En el plano de la idoneidad y la honestidad, al funcionario público no sólo se le exige ser, sino también parecer.
Ver en este comentario una acción confabulatoria es un pretexto. Así como no se ahorran críticas cuando corresponde, también se puede decir que Jorge Pupulín es probablemente hoy el mejor jefe policial posible para Rosario. Y que algunos que no tienen sus condiciones buscan explotar este suceso pensando sólo en su sucesión. Este planteo está lejos de buscar eso. Pero no soslaya la cuestión de cómo las cosas, como gobierno y policía saben, debieron ser y no fueron.
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La Ciudad
