La Justicia italiana avaló el embargo de bienes del Estado argentino para responder a los ahorristas inversores en títulos públicos nacionales, que cayeron en default en enero último. El tribunal de Roma, encabezado por Giovanni Deodato, rechazó una protesta presentada por el gobierno de Eduardo Duhalde contra la decisión de un juez que había dispuesto el secuestro de todos los bienes nacionales en tierra italiana y en el exterior.
El fallo es del 30 de septiembre último pero fue hecho público recién ayer por la justicia italiana, que reafirmó así el embargo sobre líneas de crédito gubernamentales otorgadas al gobierno argentino.
De esta manera, los 350.000 italianos que invirtieron en títulos argentinos del Estado, lograron otro punto a favor de parte de la justicia de Italia.
En julio y en una decisión sin precedentes, jueces de primera instancia aceptaron los pedidos de los inversores italianos y dieron luz verde al secuestro de algunas líneas de créditos abiertas por el gobierno italiano en favor de Argentina para favorecer el desarrollo económico del país. Entre ellos se destaca una línea destinada a financiar a pequeñas y medianas empresas, que están siendo ofrecidos por la Secretaría Pyme de la Nación a través de las agencias de desarrollo regionales.
Las líneas de préstamos estatales se convirtieron así en una garantía para los italianos que invirtieron sus ahorros en títulos argentinos y que de un día para el otro se encontraron con el capital y los intereses bloqueados tras la crisis económica que sacudió a la Argentina en diciembre pasado.
El planteo de los ahorristas litigantes había identificado como bienes susceptibles de ser embargados un crédito aprobado por Italia que no había sido desembolsado y también un inmueble de propiedad argentina, que no era la embajada.
Los abogados habían recordado la existencia de un tratado ítalo-argentino de 1990 sobre promoción y protección de inversiones. A partir de allí, los jueces de primera instancia autorizaron el embargo preventivo de los bienes muebles e inmuebles de la República Argentina en Italia y en el extranjero, hasta cubrir el importe reclamado por los demandantes, 1,5 millones de euros, más un 50 por ciento adicional para cubrir los eventuales intereses y gastos judiciales.
Con la confirmación de parte del colegio de tres jueces romanos, la decisión en ventaja de un pequeño grupo de ahorristas fue confirmada de modo definitivo. Así abrió el camino de hecho a acciones análogas de parte de todos los otros: son unos 350.000 los italianos que poseen obligaciones en la Argentina transformadas prácticamente en papel sin ningún valor El gobierno impugnó la medida de julio pasado por un problema de notificaciones, argumentando que no habían sido utilizados los canales diplomáticos, y otro de jurisdicción, por la incompetencia de la justicia italiana, pero el tribunal de alzada rechazó la protesta y confirmó la medida.
Por lo tanto, ahora las financiaciones italianas al Estado argentino serán congeladas y servirán para reembolsar a los suscriptores de las obligaciones.
"Ahora el camino está abierto", afirmó el abogado Angelo Castelli, que desde el inicio defiende a cinco de los inversores y es profesor de Derecho Financiero en la Universidad de Cassino, cercana a Roma.
Castelli sostuvo que "la acción judicial es la única que pueda dar sus frutos".
Según un relevamiento de la Asociación Bancaria Italiana son en total 350.000 los italianos que compraron entre 1998 y 2001 títulos argentinos.
"La confirmación del secuestro refuerza la acción ejecutiva que se puso en marcha en agosto pasado. También esto prevé un pasaje judicial en calendario para febrero del 2003. No pudiendo secuestrar bienes inmuebles como la embajada o el consulado, protegidos por el status diplomático, los ahorristas tomaron como blanco algunas líneas de crédito del estado italiano de Argentina", afirmó el letrado.
En particular, fue bloqueada una financiación de 2,6 millones de euros, suficiente para el resarcimiento del primer grupo de ahorristas interesados.
Además de tener en vida la esperanza de una pequeña parte de estos inversores, el decreto del tribunal de Roma confirma un principio innovador para el derecho, el cual sujeta al Estado a las mismas normas de derecho que un privado y, como una cualquier sociedad que emite títulos y se revela incapacitada de cumplir, está sujeta a secuestros.
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La Ciudad
