Alberto Dearriba
Los senadores retornaron este fin de semana a sus respectivas provincias con una sensación: la sospecha sobre el supuesto pedido de sobornos a banqueros será difícil de disipar, pese a que algunos de ellos están interesados en hacerlo y no pocos sobreactúan con la vana intención de perforar un grueso muro de silencios.
La semana pasada recibieron un nuevo revés cuando cuatro de los banqueros que participaron de la reunión del 16 de agosto en la residencia del embajador británico, en la que se habrían quejado del pedido deshonesto, se negaron a declarar ante la comisión de Asuntos Constitucionales.
Mike Smith (HSBC) y Manuel Sacerdote (BankBoston) se excusaron por estar en el exterior, mientras que Carlos Giovanelli (Citibank) y Emilio Cárdenas (HSBC) se manifestaron agraviados por las acusaciones formuladas por el jefe del bloque de senadores del PJ, José Luis Gioja, y sostenida por algunos de sus pares, en el sentido de que podrían haber cometido el delito de "traición a la patria".
La presunción de Gioja surge de lo publicado por el corresponsal de The Financial Times, Thomas Catan, quién no sólo informó sobre el presunto pedido de coimas sino que consignó que los banqueros presionaron, a través del embajador británico, Robin Christopher, y del estadounidense, James Walsh, para frenar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) hasta que se anularan los proyectos que los perjudican.
Por supuesto que Smith, el más sospechado de ser el garganta profunda de su compatriota Catan, está libre de la posibilidad de haber traicionado a la Argentina, sencillamente porque es inglés.
Para los ejecutivos nativos que se desempeñan en la banca extranjera, la situación es más dudosa. Cualquier argentino sabe por dolorosa experiencia que el sector financiero hace mucho tiempo que no trabaja precisamente en favor de la patria.
No parecían estar al servicio de ese interés cuando, a través de los bancos, se produjo el más fabuloso saqueo a un país que recuerda la historia de la economía moderna. "El que avisa no es traidor", comentó un legislador, convencido de que el entuerto se debe al lobby financiero internacional.
Más precisa parece la presentación judicial del abogado Juan Carlos Iglesias, quién acusó a los banqueros ante los tribunales de violar la ley que castiga a quienes propicien sanciones contra el Estado.
Desde el estallido de diciembre de 2001, no pocos legisladores vienen señalando que la fuga de divisas se produjo con la anuencia del Banco Central. Pero son menos los que admiten que el saqueo se concretó en el marco de un modelo económico cuyo andamiaje legal se convalidó con normas del Congreso.
Apenas detonado el nuevo escándalo, se hizo hincapié en que el supuesto pedido de sobornos intentaba frenar el proyecto que crea un fondo para despedidos con un aporte patronal.
Pero la ira de los banqueros se funda en el proyecto tendiente a obligar a las casas matrices a que asuman la responsabilidad que deshonraron cuando no respondieron con dólares los depósitos. También los eriza la extensión de la suspensión de ejecuciones prendarias e hipotecarias y la demora en la aplicación del Coeficiente de Estabilización y Referencia (CER).
Existen dos hipótesis: que "algo hubo" o que los banqueros colocaron al Parlamento contra las cuerdas para que no prosperen los iniciativas que los perjudican. La tercera posibilidad es la que sostiene la titular de la comisión que investiga el asunto, Cristina Fernández de Kirchner (PJ): "Son hipótesis concurrentes y complementarias".
Pocos creen que el caso pueda aclararse. Es que Catan se ampara en su legítimo derecho constitucional de no revelar la fuente, Walsh se cubre con la inmunidad diplomática, Christopher advierte que no revelará en público comentarios realizados en una reunión privada y los banqueros están ofendidos.
El eslabón de la cadena que aún queda suelto es Carlos Bercún, conocido como "el contacto de Economía", que además trabaja para la Asociación de Bancos de la Argentina. La nota de Catan decía que el pedido de soborno fue trasmitido por un individuo conocido de ABA. El consultor sería citado a declarar en Asuntos Constitucionales. Es casi obvio que no aportará mucho.
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La Ciudad
