Editorial

Paso hacia la transparencia

Cuando se recuerdan las quejas del pueblo argentino por el cuestionable manejo de la cosa pública en el país, una palabra surge con la velocidad del rayo: transparencia. En ese vocablo simbólico queda resumida la perceptible ausencia en las costumbres políticas nacionales de las últimas dos décadas de un rasgo que define como ninguno la esencia de la democracia: simplemente, el conocimiento por parte de los representados de cada uno de los actos de sus representantes. Las nociones de que la actividad política se desarrolla en un ámbito furtivo, oculto, ajeno a la mirada de la gente; de que la verdad sucede entre bambalinas, y lo que se expone es pura máscara o "camouflage"; de que la deslealtad hacia el mandato popular es la única ley que reina, y de que la negociación (popularmente conocida como "rosca") inevitablemente desemboca en la defensa de intereses personales son palos puestos en la rueda del sistema. Y nada mejor para comenzar a suprimirlos que la creación y puesta en práctica de dispositivos que garanticen un cambio. Ese es el principal sentido que posee la implementación, en la provincia de Santa Fe, de un nuevo método para la elección de jueces que fue refrendado con la firma del gobernador Carlos Reutemann, después de haber sido impulsado con vigor por los colegios de abogados.
El decreto Nº2.391 dio fuerza de ley al nuevo reglamento del Consejo de la Magistratura, que inicia lo que podría denominarse sin temor a incurrir en exageraciones como otra era en la selección de jueces. Los flamantes requisitos aumentan notablemente la exigencia de los filtros que será necesario superar antes de ocupar lugar tan trascendente. A la exhibición de antecedentes habrá que sumarle ahora una rigurosa prueba escrita consistente en redactar una sentencia en menos de seis horas, así como una entrevista personal obligatoria con los miembros del Consejo. La decisión final, sin embargo, seguirá estando -como anteriormente- en manos del mandatario santafesino y los legisladores, pero sus posibilidades de elección quedarán limitadas a los candidatos que superen el concurso con éxito. Se trata, por cierto, de un valioso paso adelante en el mencionado camino de la transparencia.
Lamentablemente, el hecho de que tan elogiable decisión haya sido plasmada por intermedio de un decreto introduce un componente de fragilidad en la estructura. Sólo su implementación a través de una reforma constitucional garantizará, en el futuro, que algo tan delicado como la selección de los hombres en cuyas manos está impartir justicia no se mezcle con las necesidades coyunturales de un cacique político.