El acuerdo entre el oficialismo y la oposición para resolver con una votación el juicio político a Corte Suprema de Justicia se quebró ayer en la Cámara de Diputados, en medio de denuncias de presiones y críticas cruzadas, pero el justicialismo quedó a sólo dos diputados del quórum y demostró que puede definirlo la semana próxima.
El grupo de impulsores del juicio, que agrupa a justicialistas críticos, radicales y diputados del ARI, quería avalar ayer el proyecto que vuelve a comisión las denuncias para evitar que fuera rechazado definitivamente.
Al mediodía, sin embargo, uno de los referentes del grupo, el diputado Sergio Acevedo (PJ-Santa Cruz), consultó a sus pares de San Luis y descubrió que iban a votar en contra. Una señal idéntica recibió de sus colegas justicialistas de Santa Fe, con excepción de Julio Gutiérrez, integrante del Grupo Talcahuano, al que algunos le asignan el calificativo de "rebelde". Acevedo contaba con diputados de ambas provincias en sus cuentas y, por ello, la negativa condenaba la jugada opositora al fracaso.
La reacción, acordada por radicales, justicialistas críticos y referentes del ARI, fue dar marcha atrás con su intención de votar la vuelta a comisión y decidieron restar quórum para la sesión. En paralelo, denunciaron presiones de gobernadores, de la Corte Suprema y del Poder Ejecutivo.
El jefe de la bancada radical, Horacio Pernasetti, atribuyó los cambios a los candidatos presidenciales justicialistas Adolfo Rodríguez Saá, José Manuel de la Sota y Néstor Kirchner y al gobernador Carlos Reutemann.
Acevedo señaló al puntano y al mandatario santafesino y, en el límite del escándalo, vinculó la reacción de los referentes de San Luis al juicio por 300 millones atrapados en el corralito que la provincia pelea en la Corte Suprema.
Un documento en discusión dentro del Grupo Talcahuano puede terminar hoy por hacer estallar la coexistencia política en la Cámara baja sí, como pretenden algunos de sus integrantes, avanzan en la vinculación de intereses económicos con posiciones políticas.
Por ello, en su respuesta en el recinto, el jefe del bloque justicialista, Humberto Roggero, advirtió ayer enfurecido que "diputados irresponsables trajeron la calumnia" a la Cámara, en alusión a las insinuaciones abonadas por Acevedo y la titular del ARI, Elisa Carrió.
A última hora de la tarde, cuando las denuncias estaban lanzadas, el PJ y sus aliados provinciales y cavallistas, intentaron en el recinto conseguir quórum y debatir el juicio. Quedaron apenas a dos diputados de los 129 necesarios para abrir la sesión y mostraron fortaleza suficiente como para definirlo la semana próxima, cuando legisladores actualmente con licencia regresen a la Cámara, como el duhaldista José María Díaz Bancalari y Julio Solanas, del PJ de Entre Ríos.
Durante dos horas el oficialismo esperó en el recinto y permitió extensos discursos mientras aguardaba la llegada de nuevos legisladores. La mayoría aprovechó entonces para disparar contra Carrió y Pernasetti, a quienes acusaron de quebrar un acuerdo parlamentario.
"Aceptamos todas las condiciones que nos pidieron", se quejó Roggero frente a los legisladores sentados en las butacas, y aseguró que estaban "dispuestos a correr el riesgo de la derrota con tal de destrabar la cuestión".
Por la noche, cuando la sesión se había levantado, el duhaldista Eduardo Camaño se mostró sonriente y aseguró que el miércoles próximo será "la vencida". El oficialismo quiere rechazar las denuncias y cerrar el enfrentamiento abierto con al Corte Suprema.
Mientras las acusaciones se multiplicaban, el precandidato José Manuel de la Sota -de recorrida proselitista por el sur santafesino (ver página 5)- dijo que le da "vergüenza" la Corte Suprema "que extorsiona al poder político con sacar sentencias que perjudican al país", pero al mismo tiempo deploró que los diputados, "en vez de analizar caso por caso, pretendan cargarse una Corte completa de un solo saque". Según el gobernador cordobés, actualmente en uso de licencia, "eso nos muestra ante el mundo como un país poco serio".
A su turno, Carrió dijo que la Corte Suprema tiene que ser destituida y que "algunos tienen que ir presos". La indómita legisladora por Chaco aseguró: "Es cierto que Julio Nazareno es un delincuente y que Gustavo Bossert no lo es".
Lilita calificó de "mafioso" al presidente de la Corte y añadió que "hay muchos intereses" que pretenden la continuidad de la actual composición del máximo tribunal.
"Hemos perdido la dimensión del escándalo, y yo no quiero estar en el mismo barro en el que están los otros, aun a riesgo de que me digan irresponsable", se enfureció la líder del ARI y candidata presidencial.
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La Ciudad
