Reflexiones

Del método anticonceptivo a la despenalización del aborto

Silvia Augsburger (*)

Desde el año 1997, la Secretaría de Salud Pública Municipal ha asumido el compromiso de implementar el programa de Procreación Responsable, que apunta a garantizar información, educación y acceso a los métodos anticonceptivos en forma gratuita a la población con menos recursos socioeconómicos. Luego de cinco años de funcionamiento, el programa exhibe sus logros: 20.000 mujeres acceden en forma gratuita al método anticonceptivo elegido desde los centros de atención primaria y las maternidades y hospitales municipales; la duplicación entre el 2000 y el 2001 de la cantidad de mujeres en la Maternidad Martín que tuvieron lapsos de 2 años entre un parto y el siguiente y la disminución en el último año del porcentaje de madres que al momento del parto tienen menos de 20 años.
Con su Programa de Procreación Responsable el Estado municipal avanza al proteger los derechos de las mujeres a disfrutar una vida sexual satisfactoria y de procrear en libertad. Sin embargo, esta correcta y eficaz política de salud pública no alcanza para impedir la muerte como consecuencia de abortos sépticos. Hace una semana los medios de comunicación local volvieron a conmocionarnos con la información de la muerte de una joven de 17 años en el Heca, luego de estar internada casi un mes como consecuencia de un aborto mal realizado. Unos días antes el juez de sentencia Ernesto Genesio condenaba a prisión en suspenso a una mujer por interrumpir un embarazo a cambio de diez pesos, práctica que derivó en la muerte de la mujer. La práctica del aborto es una realidad y las estimaciones indican que en nuestro país se realizan alrededor de 500.000 abortos anuales. También se estima que entre el 35 y el 43 % de las muertes maternas en la Argentina se producen como consecuencia de complicaciones de abortos inducidos. Estadísticas del Indec informan además que en las mujeres entre 15 y 19 años el aborto es la primera causa de muerte.
Muchos son los países que respondieron a las exigencias de la democracia, y muy pocos los que conservan las leyes punitivas intactas, pero la mayor parte del mundo está de acuerdo en que penalizar el aborto no soluciona el problema, sino obliga su práctica a la clandestinidad transformándolo en una maniobra en la que muchas veces se paga con la vida.
Aún los países más conservadores, obligados por una realidad que superó a sus propias tradiciones debieron adecuar su legislación en algunos casos despenalizando el aborto y en otros legalizando su práctica.
Tener hijos debe ser siempre una elección y nunca una condena, pero la hipocresía social obliga a mujeres y profesionales a actuar en la clandestinidad dejando como resultado muertes evitables o secuelas permanentes. La clandestinidad y la ilegalidad llevan a beneficiar a unos pocos que hacen un negocio sumamente lucrativo basado en la necesidad de las mujeres.
Según una encuesta realizada por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes), 8 de cada 10 ginecólogos que trabajan en hospitales públicos de Buenos Aires están de acuerdo que la despenalización del aborto reduciría la muerte materna. Desde el punto de vista sanitario la despenalización del aborto es una medida correcta, ya que se evitarían las consecuencias físicas y psíquicas que dejan las complicaciones de estas prácticas, y a su vez permitiría a los profesionales actuar libremente cuando llega la paciente a los establecimientos públicos con dichas complicaciones.
Las miles de muertes de mujeres jóvenes y sanas son el punto de partida para abrir el debate sobre un tema que por prejuicios morales y/o religiosos se pretende ocultar. Es un deber abordar este grave problema social, a través de la despenalización del aborto, como un avance hacia una sociedad solidaria, libre e igualitaria.

(*) Concejal del Bloque Socialista