Editorial

El derecho de la prensa

El caso del periodista Thomas Catan, que investigaba un pedido de coimas en el Senado y terminó siendo investigado por la Justicia, vuelve a poner en debate las condiciones para el ejercicio de la libertad de prensa en el país. Como se sabe, el corresponsal del diario inglés Financial Times publicó en ese medio el intento de soborno de un grupo de senadores hacia los banqueros para frenar la salida de una ley. La operación no se concretó y esto, según declaraciones del periodista a La Capital publicadas este domingo, posibilitaría profundizar la investigación, ya que puede aparecer un banquero que dé su testimonio, aunque sostiene que "los banqueros tienen miedo de denunciar las coimas". No obstante, intervino la Justicia, a través del juez federal Claudio Bonadío, pidiendo a las compañías telefónicas el listado de llamadas realizadas por Catan, con lo cual se violó el artículo 43 de la Constitución, que consagra el derecho a mantener las fuentes periodísticas en reserva; y, obviamente, cortó las relaciones que el corresponsal mantenía con las personas que le aportaban información.
Frente a este nuevo hecho de clara injerencia de la Justicia en la labor periodística, conviene recordar que los medios de comunicación, en su tarea de informar sobre todo lo concerniente al desempeño administrativo de los tres poderes de la Nación, están también transparentando y fortaleciendo el ejercicio de la democracia. Porque precisamente revelar un pedido de coimas en la Cámara alta, fuertemente cuestionada a partir de un hecho similar que llevó a la renuncia de un ex vicepresidente, no hace más que advertir a la ciudadanía sobre el comportamiento indebido de sus representantes, además de colaborar para que los demás poderes actúen en consecuencia.
Pero si uno de esos poderes, en este caso la Justicia, interviene para acceder a las fuentes, la consecuencia no será otra que la intimidación, coartar la libertad de trabajo del periodista, que se siente observado y controlado en todo momento, tal como lo manifiesta Catan en el reportaje.
Ciertamente, el rápido repudio de Adepa y de las asociaciones internacionales de prensa por lo sucedido derivó en un sumario al juez Bonadío por parte de la Cámara Federal, por grave desprecio hacia ciertas garantías constitucionales básicas. Pero queda la sensación de que en la Argentina, país cuya imagen de corrupción en el mundo sigue siendo inapelable, el trabajo de la prensa para desenmascarar los ilícitos cuenta con más obstáculos que facilidades. Una tendencia que deberá revertirse con fuerza si se pretende sacar al país de la crisis cuanto antes y al menor costo posible.