Granadero Baigorria. - Las cosas están que arden en el cuartel de bomberos voluntarios. Mientras la asociación civil está al borde de desaparecer por la renuncia de los pocos miembros que le quedaban a su comisión directiva, los bomberos pretenden realizar su labor pese a no estar reconocidos como tales. Y mientras los bomberos, acusados de haber tomado el cuartel desde marzo, venden un bono contribución en forma irregular, a su vez reclaman encuadrarse en la ley. Un panorama conflictivo, consecuencia de una historia de ribetes tragicómicos que mezcla política y vocación de servicio con actitudes difíciles de entender; salvo que se las califique de locuras.
Según la ley, los bomberos voluntarios requieren de dos entidades para funcionar: una asociación civil a la que Fiscalía de Estado debe darle personería jurídica y controlar su funcionamiento, y un cuerpo activo reconocido por la federación provincial de bomberos y Defensa Civil. En Baigorria, ambas entidades están enfrentadas y no se reconocen entre sí.
Mientras los bomberos denuncian a la comisión por "robarse todo" los últimos miembros de ésta siguen yendo a la Justicia. Mercedes Jaimes, hasta hace días revisora de cuentas de la asociación (renunció "harta de la situación"), denunció que desde fines de marzo el cuartel está tomado por los bomberos. Por esto hay una causa por usurpación en el Juzgado Correccional de la 6ª Nominación.
Irregularidades
Las irregularidades en este cuartel fundado en 1997 se remontan a sus orígenes, cuando el jefe de cuerpo, Omar Saracini, presidía a su vez la asociación, algo poco habitual. Dos años atrás Saracini -vinculado por varias fuentes con la represión durante la dictadura- se fue de modo conflictivo y desde entonces los bomberos casi nunca pudieron ponerse de acuerdo con la entidad que los dota de legalidad: la asociación.
Para fines de 2000 la Federación Santafesina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios -entidad madre de los cuarteles- ya miraba con desagrado lo que pasaba en Baigorria. De la acefalía surgieron dos comisiones normalizadoras: una a instancias del municipio y otra conformada por vecinos. Esta última denunció penalmente "un vaciamiento, ya que de un patrimonio aproximado de 70 mil pesos no se encontró nada salvo una autobomba destruida", relató Marcela Loria, entonces vicepresidenta de esa comisión.
En esa época el jefe de bomberos era Alberto Soneyro, el mismo que pide subsidios para un inexistente cuerpo de Ibarlucea, tal como publicó La Capital el pasado martes (hay una causa instruida por el juez Carlos Carbone). "Soneyro ya estaba cuando asumimos -añadió Loria- y siempre fue conflictivo. Un día le pedimos la renuncia y se negó, pero después la firmó en el libro de guardia. Cuando la aceptamos se acuarteló y hubo que sacarlo con la policía. Y después empezó a reclamar una indemnización mediante cartas documento".
Los problemas deberían haber terminado en febrero pasado, al asumir una nueva comisión electa por los socios. Pero no, a los tres meses, sus autoridades comenzaron a renunciar paulatinamente. Es que la conflictividad de Soneyro fue conservada por su sucesor, Rubén Fernández, un bombero rosarino que llegó a Baigorria al enterarse de que el cuartel no tenía jefe. A éste se lo acusa de haber querido cobrar un sueldo -cosa prohibida para los voluntarios-, de nombrarse comisario por las suyas y de haber tomado el cuartel.
"No sabemos qué hay atrás de esto, pero hay demasiada impunidad", remarcó Jaimes. Para graficar el calificativo "impunidad" precisó: "Además de tomar un edificio que no les pertenece, se pasean por la ciudad con una autobomba también usurpada y sin seguro. Y ahora están vendiendo, ilegalmente, un bono contribución a diez pesos, lo cual es una estafa".
"No queremos seguir así"
Un integrante del cuartel, Luis Mancini, dio su versión, que comienza acusando a la comisión normalizadora que denunció el vaciamiento en 2001, de haberse "robado todo y destrozado la autobomba". Dijo que la comisión "está formada por punteros políticos" y negó que el cuartel esté tomado (ver aparte). "Estamos cumpliendo guardias normales", indicó Mancini, y agregó que ellos arreglaron la autobomba y luego asistieron a 18 incendios en la ciudad.
Reconoció la venta del bono, pero afirmó que para ello se conformó entre vecinos un órgano fiscalizador ante el juzgado de paz. "Lanzamos el bono para arreglar el cuartel, de donde se llevaron hasta el techo. Estamos al servicio de la comunidad, nunca quisimos conflictos".
Mancini afirmó que el cuartel se mantiene con el aporte de los 16 voluntarios, que "pagan el combustible y el seguro de la autobomba", y reclamó que los dejen estar en regla. "Arriesgamos nuestras vidas al servicio de la comunidad pero nos marginan. Estamos dispuestos al diálogo, queremos ser reconocidos por la federación provincial y Defensa Civil", dijo, y añadió que gran parte de los baigorrienses los apoyan.
Esta loca historia no terminó y deberá ser la Justicia quien le ponga punto final. Porque, más allá de que el Estado deja cada vez más cosas en manos de los ciudadanos (salud, alimentación, incluso la seguridad), la mera voluntad por afuera de la ley tampoco parece ser el camino.
La Ciudad
