Mediante un prolongado y pormenorizado alegato, la defensora oficial Beatriz Caballero de Barabani rebatió ayer las acusaciones que pesan sobre sus cinco defendidos, para cuatro de los cuales pidió la absolución y una mínima pena para Mónica Saldaña. Además, la abogada puso de relieve las "fallas y desinteligencias" de la presunta banda de asaltantes que conformarían sus pupilos para desmantelar así la acusación de asociación ilícita que pesa sobre ellos. En la misma línea, sugirió la posibilidad de que el hecho que se juzga haya sido entregado por la policía, para así explicar por qué los asaltantes se lanzaron al golpe sin temer riesgos ni manejar información clave y cuestionó el valor probatorio de los listados de llamados telefónicos que inculpan a los imputados a partir de un fallo del mismo tribunal que ahora juzga el copamiento e intento de robo al Banco Nación de Villa Ramallo.
Al pedir al tribunal la pena correspondiente a Mónica Saldaña, la defensora oficial tuvo en cuenta la confesión de la imputada, quien dijo haber sabido del golpe y haber estado en el lugar del hecho. Por ello solicitó que se la condene como partícipe secundaria del robo en grado de tentativa con la aplicación de la pena mínima contemplada para tal delito. En tanto, para el resto de los imputados que patrocina -Silvia Vega, Beatriz Vilches, Norberto Céspedes y Jorge Aguilar- solicitó la "absolución lisa y llana por falta total de pruebas o, en forma subsidiaria, la absolución por el beneficio de la duda", dejando abierta la posibilidad de que ante una condena, ésta sea bajo la figura de partícipes secundarios.
Antes de referirse a cada caso en particular, la defensora planteó las falencias de la banda y su falta de profesionalismo: "Disiento con la idea de que existió una planificación. Los asaltantes llegaron al lugar una hora antes. No conocían el mecanismo de apertura del tesoro. No sabían si había cámaras de video y alarma. Desconocían que necesitaban dos claves y dos llaves y que una de ellas estaba en la comisaría. No conocían el aspecto físico del tesorero y del gerente. Ni siquiera sabían que el local de la empresa de cable era el lugar perfecto para observar cualquier irregularidad", detalló.
En ese sentido deslizó la posibilidad de que el robo haya tenido un entregador : "¿Era una ratonera? ¿Por qué esa seguridad como si fuera un robo a un quiosquito o a una panadería? ¿Eso se puede comparar a una estrategia planificada por una asociación ilícita acostumbrada a preparar hechos delictivos? El sentido común me dice que no".
Por otra parte, Barabani cuestionó la actuación judicial en la instrucción de la causa desde la primera acta, que se labró en los momentos posteriores al fallido escape de ladrones y rehenes en el cual tres de ellos murieron. "El sumario se inicia a las 5 de la mañana. A esa hora ya muchas cosas habían sucedido. Mientras el handy no apareció, hay otros elementos secuestrados que no se sabe cómo ni quién los trajo".
En lo que respecta a las pruebas de la causa, Barabani centró sus cuestionamientos en los informes telefónicos que demuestran cruces de llamadas entre los imputados. "Esto permite arribar a una sola conclusión: de tal teléfono se llamó a tal otro. Pero de ninguna manera puede afirmarse quiénes fueron los interlocutores y mucho menos el contenido", puntualizó. En ese sentido, citó un fallo del mismo Tribunal Federal Oral Nº 1 en el que absolvieron "por falta de certeza" a personas involucradas a raíz de escuchas telefónicas.
"Si la conclusión es que los imputados se conocían, el conocimiento en una ciudad chica como San Nicolás no se puede negar. Ser conocido (durante la investigación del hecho), tener relación, vínculos de amistad o laborales con las personas de esta causa era peligroso. Significaba el riesgo de ser implicado", deslizó. También discutió la polémica imputación de homicidio en ocasión de robo y la acusación de "partícipes primarios" pedida por el fiscal Eric Warr para sus defendidos.
Los argumentos
Respecto a Mónica Saldaña, Barabani recordó que la imputada reconoció su participación al saber que se iba a perpetrar el robo y haber estado en el lugar del hecho (le llevó un casco a su hermano) y analizó que, si lo hizo y trasladó a sus dos hijas al lugar, fue porque éste le había garantizado que no correrían peligro. Además, dijo que de ningún modo pueden imputarle la privación ilegítima de la libertad porque "no estaba bajo la esfera de su voluntad poder torcer el rumbo de los hechos que acaecían dentro del banco".
En cuanto a la remisera Silvia Vega resaltó la falta de antecedentes penales y las virtudes laborales de la imputada, "puesta de manifiesto por la dueña de la remisería, el dueño del vehículo que manejaba y otros testigos" y remarcó que "tener como cliente (al asaltante Carlos Sebastián) Martínez es sólo un indicio, un dato y nada más". "¿Podemos sospechar que Vega conocía de que iba a participar en un robo cuando llevó a Mónica Saldaña, sus hijas y su pareja a Villa Ramallo?, ¿podemos sospechar de la frialdad de una mujer que antes, durante y después del hecho siguió trabajando como habitualmente lo hacía? El sentido común me dice que una persona como Vega no podría haberlo hecho así".
Al hablar de Norberto Céspedes, Barabani dijo que su defendido admitió conocer a Martín Saldaña y a Carlos Martínez, pero "Céspedes no estuvo en Ramallo ni antes, ni durante, ni después del hecho" y al hacer mención a los llamados telefónicos que lo vinculan al resto de los imputados, recalcó una vez más que "no hay pruebas de quienes fueron los interlocutores ni de los contenidos de las conversaciones. Todo es mera presunción, mera sospecha, pero de ninguna manera los elementos de convicción permitirán una condena ante tan frágil pruebas", concluyó la abogada.
Respecto a Beatriz Vilches, la defensora oficial fue muy escueta: "Conocía a Sergio Benedetti (Javier Hernández) y por esos códigos carcelarios que por no escritos no dejan de ser conocidos por todos, lo recibió en su casa. La imputan los entrecruzamientos telefónicos que finalizaron el 16 de septiembre de 1999, el mismo día en que Hernández murió".
Sobre Jorge Aguilar, la abogada remarcó que no tenía ningún tipo de antecedentes y que llegó a esta instancia a partir de una "declaración autoincriminatoria extraída bajo coacción por parte de (el agente de Prefectura José Luis) Pérez, a quien este mismo tribunal pidió investigar". Acerca del pan de trotyl que este ex soldado voluntario habría provisto a la banda, Barabani fue concluyente: "¿No habría que probar primero que lo robó en su paso por el Ejército? ¿Cómo un joven que mantenía su hogar, que estudiaba con excelentes calificaciones va a llevar a su casa como souvenir un pan de trotyl sin que en el Ejército nadie se de cuenta de ello?".
En el cierre de su alocución Barabani apeló a la sensibilidad del tribunal cuando recordó las palabras que en su declaración dijo Flora Lacave de Chaves, presente en la sala durante la audiencia de ayer: "No me puedo olvidar que nosotros del banco salímos vivos". Después, un pesado silencio invadió la sala donde hoy, previo a que se conozca el veredicto, se podrán escuchar por última vez las palabras de los nueve imputados.
La Ciudad
