"Lo más importante en un juicio no es la búsqueda de la verdad sino el respeto por el procedimiento, porque si no podríamos permitir la tortura en nombre de la verdad". La frase, en tono enérgico y categórico, fue dicha la tarde de ayer por el abogado Carlos Varela al alegar en defensa del imputado Alberto Aguirre y pedir la nulidad de todo el debate oral por la "parcialidad" del tribunal. Poco antes y en esa misma línea, Miguel Romano -defensor del policía Aldo Cabral- había sostenido que "cuando un tribunal asume el rol de investigador deja de ser imparcial y toma parte" y ello vulnera "el derecho a la legítima defensa". Tras esos cuestionamientos y después de desestimar detalladamente las pruebas con las cuales la fiscalía inculpó a sus pupilos, ambos profesionales pidieron las absoluciones de los acusados.
"El tribunal se excedió en su función al incorporar pruebas de oficio. Como no se pudo probar la participación de Cabral, debió tomar una intervención excedida en pos de llegar a la verdad", monologó Romano mirando fijamente a los jueces. "Cuando un tribunal asume pruebas de oficio es porque tiene dudas y si tiene dudas debe quedarse con ellas y no investigar porque si investiga se aleja de la imparcialidad y toma parte", dijo el profesional en clara crítica a la segunda citación de testigos durante los últimos 10 o 15 días de audiencias "sin razón de ser".
Romano desestimó algunas de las pruebas con las cuales la fiscalía imputa a su cliente y sostuvo que a lo largo de la audiencias "sólo se probó que Cabral es policía y que hubo tres llamadas telefónicas desde su casa. Pero la existencia de esas llamadas no significa que Cabral las haya hecho, y si las hizo, las mismas no prueban conexión entre los procesados porque no se conoce su contenido y sólo se sabe que son de pocos segundos, algo impensado para planificar el robo a un banco."
Sobre los dos elementos que más comprometen a Cabral, un presunto croquis del banco hallado en su casa y el handy en frecuencia policial que desapareció de la escena,Romano fue claro: "Nada fue probado. Sólo en sede prevencional un testigo fue inducido a identificar ese dibujo como el plano del banco, pero no durante estas audiencias, en las cuales nadie lo pudo descifrar. No fue probado que Cabral supiera del hecho y lo que ocurría dentro del banco, y si le imputan haber contribuido con un handy y un plano su conducta sería la de partícipe secundario. Porque que esté el handy o no en el banco es un hecho secundario, y el plano no sumaba ni restaba al hecho".
"Mil sospechas no son pruebas"
Por su parte, el defensor de Alberto Aguirre, Carlos Varela, se reservó el derecho de pedir ante Casación "la nulidad de todo el debate y un nuevo juicio" oral en caso de que su pupilo sea condenado, al considerar que "sobre Aguirre puede haber una sospecha, diez, mil, pero ni siquiera 10 mil sospechas hacen a la prueba" con la que se debe sentenciar.
Apelando a citas bíblicas y de Hamlet, el drama de William Shakespeare, Varela pidió la absolución de Aguirre por "ausencia total de pruebas" o "por el beneficio de las duda".
Al respecto dijo que otro de los imputados (Raúl Mendoza) había vinculado a Aguirre a la presunta banda en su declaración durante la etapa instructoria. Pero recordó que "Mendoza reconoció ante este tribunal que estuvo coaccionado" a declarar.
La fiscalía inculpó a Aguirre, fundamentalmente, por tres llamadas telefónicas que habría mantenido con el delincuente muerto Javier Hernández. Pero la hermana del imputado (Escalante) testimonió ante los jueces que las había hecho ella por la relación amorosa que mantenía con el Pata. "El tribunal le exigió que hablara como una universitaria a una mujer cuasi analfabeta y le pidieron precisiones que la llevaron a quebrarse. Por eso la procesaron por falso testimonio en un hecho prejuzgado por el tribunal", dijo Varela.
En otro orden, el defensor oficial Osvaldo Gandolfo sostuvo que "no se han obtenido pruebas que acrediten con absoluta certeza que Raúl Oscar Mendoza tenga algún tipo de responsabilidad. Al contrario, los hechos producidos en el ofrecimiento de las pruebas lo han desincriminado. Mendoza estuvo, como podría no haber estado y los hechos hubieran ocurrido de la misma manera".
Gandolfo consideró que Mendoza "aparece involucrado no por pertenecer a una asociación ilícita -que no existió- sino por ser pareja de Mónica Saldaña. Mendoza era, como se dice, el petiso de los mandados: era el que iba a comprar los cigarrillos, la cerveza".
En su alegato, el defensor alternó citas de la jurisprudencia con apelaciones al tango y a "la universidad de la calle". Definió a Mendoza como "una persona incapaz de matar a una mosca" y "un hombre de palabra", a fin de resaltar que no es un delincuente. Para rechazar la acción civil del Banco Nación se limitó a enunciar "una frase del tablón: el que rompe, paga. Y Mendoza no rompió nada".
Además cuestionó la aplicación de la asociación ilícita: "Quedó demostrado que todo quedó librado a la improvisación de una bandita alentada quién sabe por quién para hacerse de dinero y notoriedad en el hampa".
Finalmente, el defensor oficial criticó la actuación de la Prefectura Naval y dijo que "la investigación no fue transparente".
La Ciudad
