La polémica en torno a la nueva negociación entre el gobierno y la empresa constructora para reactivar el puente a Victoria ya está planteada y promete recalentarse. Mientras el gobierno nacional y las provincias salieron a respaldar el reciente acuerdo que permitirá continuar con los trabajos, legisladores nacionales lo criticaron porque creen que, si bien el objetivo de habilitar la conexión se va a cumplir, será a costa del Estado, y la concesionaria comenzará a cobrar el peaje una vez que se inaugure. El plazo para terminar la obra ya fue postergado hasta el 19 de marzo de 2003 y resta definir cómo se instrumentará la ayuda económica que dará el Estado a la empresa.
El debate fue abierto por el Centro de Ingenieros de Rosario, que pidió al defensor del pueblo de la Nación que investigue una serie de irregularidades en lo pactado con Puentes del Litoral.
Es que con la prórroga otorgada, el Estado perdió la posibilidad de ejecutar las garantías bancarias que había por si Puentes del Litoral no cumplía con las inversiones comprometidas y la finalización de la obra en fecha, algo que ya ocurrió.
El titular del Organo de Control de Concesiones Viales (Occovi), Carlos Hidalgo, justificó ayer la negociación, ya que "era imposible ejecutar las garantías en un país en default, sabiendo que el Estado fue el que incumplió al modificar las pautas de los contratos" (con la pesificación y la anulación de los mecanismos indexatorios).
Para el secretario de Obras Públicas santafesino, Edgardo Berli, el problema no era "tan simple", y reconoció "lo prudente que fue el Estado al obrar en ese sentido", más por las consecuencias que podría haber tenido un proceso judicial.
La Secretaría de Obras Públicas de la Nación autorizó la prórroga por seis meses más. Y ahora en Economía se está definiendo cómo el Estado ayudará a Puentes del Litoral para terminar la obra. Falta el 9 por ciento y la inversión que resta oscila los 30 millones de pesos.
Sin descartar todavía la llegada de un crédito externo, Hidalgo confirmó que el Estado podría financiar a la empresa mediante un préstamo o adelantar futuros subsidios para rebajar la tarifa del peaje.
Diputados disconformes
El diputado nacional Jorge Obeid (PJ) entiende que la solución es "buena" en cuanto a que la obra se va a terminar en marzo próximo, pero no está para nada de acuerdo con cómo se hizo el arreglo.
"El Estado sigue siendo el hijo de la pavota. Le dio a la empresa todo lo que pidió y fue muy débil en la negociación. Puso todo y la firma poco y nada. Además, nadie garantiza que dentro de poco tiempo vaya a pedir otra cosa", puntualizó.
Para el diputado Rubén Giustiniani (PSP), no se justifica que la empresa tenga que cobrar peaje porque "el puente se paró cuando el Estado terminó de cumplir con los subsidios". Y coincide en que Puentes del Litoral "no puso un peso".
El radical Hugo Storero tampoco está de acuerdo con la prórroga otorgada y teme que las deudas del concesionario con sus contratistas se transfieran al Estado.
Los legisladores también ven que si la Nación reemplaza con un nuevo subsidio la obligación que tenía la empresa, para ésta se viene un "gran negocio".
A lo que Hidalgo respondió: "Si el Estado aumenta el subsidio, la tarifa deberá bajar. Nadie va a regalar nada".
La Ciudad
