Lucas Ameriso / La Capital
La ley que extiende hasta el 15 de noviembre la suspensión de los remates de vivienda única puso otra vez a deudores hipotecarios y martilleros en veredas opuestas. El 13 de agosto había expirado el plazo inicial de 180 días para congelar las subastas de este tipo, dos días después el Senado de la Nación la renovó por 90 días, pero recién el viernes pasado quedó en firme. En medio de este período controversial, varios inmuebles de estas características fueron a subasta pública. A raíz de esto, las organizaciones civiles doblaron la apuesta y exigirán en la Justicia la nulidad de todas las ejecuciones producidas desde agosto en adelante. "Queremos que se respete la propiedad privada de cualquier ciudadano. Sostenemos que la ley es retroactiva, está en vigencia y pedimos que sea respetada", aseguró el titular de la Asamblea por los Derechos Sociales (ADS), Aníbal Fascendini.
El paraguas protector contra los remates de viviendas únicas es motivo de una fuerte polémica.
El 13 de agosto había finalizado la ley nacional que congelaba las ejecuciones hipotecarias por 180 días. Ese mismo día, y levantada la veda para bajar el martillo, Argentina Camaño casi pierde su casa de Olivé al 1800. El juez que entendía en la ejecución hipotecaria sobre su vivienda decidió postergar la subasta hasta nuevo aviso.
Luego, 48 horas después, el Congreso de la Nación sancionó una ley que estableció una prórroga en la suspensión de las subastas de viviendas únicas hasta el próximo 15 de noviembre.
La medida abarca a los remates de inmuebles decretados en juicios ejecutivos, ejecuciones de sentencias, extrajudiciales o medidas cautelares.
Ahora bien, la extensión de este paraguas protector no impidió que entre el 16 de agosto (fecha que fue sancionada por el Congreso) y el 11 de septiembre (día en que esta norma fue publicada en el boletín oficial), las ejecuciones siguieran a la orden del día.
Así ocurrió con Ituzaingó 716, una propiedad que Carlos Tardío perdió en una subasta por 13 mil pesos, situación que produjo incidentes en la Asociación de Martilleros, ubicada en Entre Ríos al 200.
La prórroga por 90 días quedó en firme el viernes pasado al cumplirse los ocho días corridos a la fecha de su reglamentación y publicación en el Boletín Oficial.
La ADS se presentó la semana pasada ante el juzgado civil y comercial Nº6 de los Tribunales provinciales, para solicitar la nulidad de las ejecuciones efectuadas entre el 13 de agosto y el 19 de septiembre. "La ley es clara al hablar de prórroga. Según el diccionario esto significa postergar la fecha de un vencimiento. Por lo tanto tiene efecto retroactivo, y por ello pedimos la nulidad absoluta de los remates efectuados desde el 13 de agosto, sobre todo en la situación de catástrofe social que estamos viviendo", remató Fascendini.
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