Sergio Roulier / La Capital
Las gestiones que llevan adelante el gobierno nacional y las provincias con la concesionaria del puente a Victoria para reactivar la obra están cuestionadas. El Centro de Ingenieros de Rosario se presentó ante la Defensoría del Pueblo de la Nación para pedir que se investiguen irregularidades en la renegociación. La entidad entiende que con la prórroga del plazo para terminar los trabajos otorgada a la empresa, el Estado perdió la posibilidad de ejecutar las garantías que había presentado el privado por si no conseguía los fondos, algo que ya ocurrió. Encima lo hizo sin exigir nada a cambio. "Es una barbaridad", sostuvo el titular del Centro, Oscar Gennaro, quien cree ver una "tremenda ineptitud o alguna otra cosa" en los funcionarios que avalaron el acuerdo. Y si se ratifica la única salida que tiene la Nación para finalizar la obra -adelantar subsidios a la empresa-, el especialista pronosticó a La Capital un "negocio fabuloso" para Puentes del Litoral.
Los ingenieros remarcan que el Estado es la única parte que ha cumplido con lo pactado en el contrato y hay "riesgo" de que las conversaciones encaradas puedan terminar en "consecuencias negativas".
La empresa paró la obra porque no consiguió un crédito para terminarla y pidió rever el contrato. Se apoyó en los cambios de las condiciones económicas del país y solicitó un subsidio extra al Estado.
Fruto de esa negociación, el comité de seguimiento del puente, integrado por la Nación y ambas provincias, aprobó extender en 6 meses el plazo de finalización.
"Es una barbaridad porque el Estado se pierde de ejecutar las garantías que había por si la empresa no cumplía. Y se le prorroga el plazo sin pedir que se cumpla el contrato ni exigirle nada", dijo Gennaro.
El documento presentado por la entidad resaltó "el agravante que no se exige el cumplimiento de las demás condiciones del contrato y se desestiman las causales de caducidad de la concesión en las que ya ha incurrido la concesionaria".
A todo esto, la auditoría que el gobierno encargó a la Universidad de Buenos Aires estará lista después de finiquitada la negociación. ¿"Para qué sirve"?, preguntan.
El profesional no cree que los funcionarios que firmaron ese acuerdo sean inocentes. "Algunos lo serán porque no entienden nada, pero otros no". Sospecha que "cuando un agente público comete un error en contra de la comunidad pueden darse dos situaciones: es un inepto o le pagaron para que lo hiciera".
La resolución de la prórroga fue firmada por la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, a cargo de Hugo Toledo, y avalada por los secretarios del área de Santa Fe y Entre Ríos, y el Organo de Control de Concesiones Viales (Occovi).
El Centro es una entidad civil que nuclea a unos 300 ingenieros de Rosario nacida en 1918, y que se dedica a asesorar a la población y controlar al Estado.
En su pedido de intervención al Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, la entidad señaló una serie de irregularidades cometidas en esta concesión.
Denunciaron que los socios del grupo Puentes del Litoral (Impregilo, Iglys, Hochtief, Techint y Benito Roggio e Hijos) no pusieron un peso. "Según los certificados, la concesionaria habría invertido 105 millones de pesos, pero si se le resta un beneficio del 6 por ciento, razonable para estas obras, quedan unos 85 millones, o sea, la deuda que mantiene con los contratistas", se apuntó.
Otra irregularidad es no haber presentado los balances. "Es una sociedad anónima titular de una concesión pública y por ley debe tener sindicatura colegiada y balances públicos", destacó Gennaro.
Luego agregó que la empresa "miente" cuando dice que su obligación era conseguir un crédito de 113 millones y los 30 millones restantes invertirlos con fondos propios. "El contrato los obliga a sacar el dinero de donde sea, esos 30 millones son el patrimonio que debe tener para arrancar", explicó.
El Ejecutivo nacional está a punto de aprobar un nuevo plan para financiar lo que queda de la obra: adelantar al grupo futuros subsidios a cambio de la rebaja en el costo del peaje (ver aparte).
"Será un fabuloso negocio para la empresa: no poner un peso, terminar con un subsidio y cobrar por 22 años (lo que falta de la concesión) por una inversión que nunca hicieron", concluyó el titular del Centro de Ingenieros.
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