María Laura Cicerchia Ariel Etcheverry / La Capital
El fiscal Eric Warr dejó boquiabierto al único sobreviviente de la masacre de Villa Ramallo al solicitar que le impongan una condena aún más alta del máximo establecido por la escala penal: 30 años de prisión. Esa pena, que supera en cinco años a la prisión perpetua, es la que solicitó Warr para Carlos Martínez al leer su alegato ante el Tribunal Federal Oral Nº 2 de Rosario, que juzga el caso. También castigó con dureza al policía Aldo Cabral, para quien pidió 25 años de cárcel, y evaluó que los otros siete procesados fueron partícipes primarios del hecho porque su intervención fue imprescindible para consumarlo. Solicitó 23 años para Mónica Saldaña y Oscar Mendoza, a cuya acusación añadió el hecho de involucrar a dos niñas en el episodio, y 20 años para Norberto Céspedes, Alberto Aguirre, Jorge Aguilar, Beatriz Vilches y Silvia Vega. Las dos últimas estaban en libertad, pero ayer quedaron presas por la gravedad de las penas que pidió Warr.
Lejos del arquetipo del fiscal acalorado que exhiben las películas americanas, Warr desgranó calma y pausadamente las acusaciones que pesan sobre los imputados. Esa característica no le quitó fuerza a su exposición: ahondó en los roles de los nueve acusados con un convincente análisis de las pruebas en su contra.
No sólo sorprendió por la pena que pidió para Martínez basándose en una ley que admite se aumente en la mitad la pena máxima del ilícito juzgado. También le adjudicó un nuevo delito: el Negro estaba acusado de tentativa de robo (ya que el planeado asalto a la bóveda nunca se concretó) pero Warr le imputó además un robo consumado por apoderarse del reloj de uno de los rehenes, dinero en efectivo y otras pertenencias secuestradas tras el fallido escape.
Siguiendo esa lógica, responsabilizó a los procesados por las tres muertes ocurridas en la huida bajo la balacera policial. "El robo continuó ejecutándose hasta que el auto se detuvo. El homicidio se produjo cuando todavía se consumaba el robo, por lo tanto hay una directa conexidad entre el robo y las muertes", alegó Warr.
Dijo que los otros implicados (acusados de planificar el robo aunque no lo ejecutaran) no podían desconocer que al menos el gerente, su esposa y el tesorero serían privados de la libertad para obtener las llaves y las claves que les permitirían acceder al tesoro. Ubicó el desempeño de los otros procesados en el papel de partícipes primarios de una diversidad de delitos con concurso real (lo que significa que las penas se acumulan), aunque agravó la conducta del policía por tratarse de un funcionario público preparado para combatir el delito.
Warr comenzó su alocución refiriéndose al peso de convicción de las pruebas. Primero defendió el acta labrada por la policía en el escenario de los hechos, donde consta el secuestro de un revólver calibre 11.25 en poder del fallecido asaltante Martín Saldaña. Días atrás Martínez reveló que su cómplice había empleado otra arma del mismo calibre suministrada por un policía. El fiscal lo rebatió "por el hallazgo de casquillos percutados por ese arma en el interior del vehículo Polo".
Jurisprudencia mediante, planteó la validez de los cuestionados reconocimientos fotográficos realizados en sede policial durante la investigación del caso y la fuerza probatoria de las pericias telefónicas, para luego sí abocarse de lleno al rol que tuvo cada uno de los acusados. En ese sentido, desmenuzó la trama de conexiones telefónicas con la intención de demostrar que las comunicaciones fueron realizadas entre los sospechosos (y no por personas ajenas al hecho que usaran los teléfonos) y que las conversaciones se produjeron con el expreso fin de planificar el robo.
También respaldó las figuras penales. Por ejemplo, entendió que basta el mero acuerdo de voluntades para delinquir para que exista asociación ilícita, aunque los delitos no se concreten. En ese sentido demostró que Saldaña, Martínez, el asaltante Javier Hernández y el cabo Cabral tenían relación con anterioridad al hecho de Ramallo.
En cuanto a las 20 horas de negociación el fiscal puso de relieve la angustia de los rehenes, la agonía del contador Carlos Santillán que respiró sus últimas tres horas de vida con seis costillas rotas y "la entereza" del gerente Carlos Chaves (quien falleció en el desenlace), que se evidenció en "la contención a las víctimas, la tranquilidad de su voz y el haber aceptado conducir el vehículo".
Por último, Warr requirió que Vega y Vilches permanezcan detenidas, lo que fue admitido por el tribunal. El lunes será el turno de las defensas.
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La Ciudad
